La entidad advierte que la falta de fiscales y titulares podría favorecer el uso de recursos públicos en campañas políticas y reclama a la Procuraduría cumplir con la Ley de Régimen Electoral.
Santo Domingo.RD.– La Fundación Primero Justicia denunció ante la Procuraduría General de la República el supuesto desmantelamiento de la Procuraduría Especializada de Persecución de Delitos y Crímenes Electorales, al advertir que la ausencia de titulares, fiscales y personal especializado pone en riesgo la transparencia de los próximos procesos electorales.
La organización sostuvo que esa dependencia se encuentra actualmente sin titulares, adjuntos ni fiscales electorales, pese a que la Ley Orgánica de Régimen Electoral establece mecanismos específicos para garantizar la persecución de los delitos vinculados al uso y desvío de recursos del Estado con fines político-electorales.
De acuerdo con la Fundación, los artículos 321, 324 y 327 de la Ley de Régimen Electoral contemplan la creación y estructura de un órgano especializado para perseguir los delitos y crímenes electorales, así como la designación mediante concurso público de un titular, cuatro adjuntos y, al menos, dos fiscales electorales por provincia.
La entidad señaló además que la normativa establece que esta estructura debe estar operativa con suficiente antelación a las elecciones, por lo que consideró preocupante que, a aproximadamente un año y medio de los próximos comicios, todavía no se haya completado su conformación.
Como antecedente, citó la Vigésima Quinta Resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, de fecha 24 de julio de 2023, en la que, según la organización, el Ministerio Público reconoció que no contaba con personal suficiente para garantizar dos fiscales de dedicación exclusiva por provincia durante el período electoral.
La Fundación Primero Justicia consideró particularmente preocupante la situación debido a los recientes escándalos y denuncias de corrupción que han involucrado a distintas instituciones públicas.
Entre los casos mencionó al INABIE, SeNaSa, el CASD, INDRHI, Aduanas, Supérate, el Metro de Los Alcarrizos y los monorrieles de Santiago y Santo Domingo.
Surun Hernández, representante de la organización, afirmó que existen denuncias sobre el supuesto desvío de recursos públicos para favorecer aspiraciones políticas y cuestionó que, pese a las investigaciones relacionadas con el presunto desfalco de SeNaSa, todavía no se hayan establecido responsabilidades respecto de los candidatos que, según indicó, habrían sido beneficiarios de recursos utilizados durante la campaña electoral de 2024.
“La ausencia de un órgano persecutor de la corrupción con fines electorales se produce en medio de graves escándalos de corrupción”, sostuvo Hernández.
El dirigente, advirtió que la falta de un mecanismo eficaz de persecución podría convertir los recursos del Estado en una herramienta para financiar campañas políticas y comprar votos.
A su juicio, de no establecerse controles efectivos, podría repetirse un escenario como el denunciado en el caso SeNaSa, con consecuencias negativas para la institucionalidad democrática y la igualdad entre los actores que participan en los procesos electorales.
Reclaman cumplimiento de la Ley de Régimen Electoral
La Fundación Primero Justicia intimó a la Procuraduría General de la República a proceder con la designación de los titulares, adjuntos y fiscales electorales contemplados en los artículos 324 y 327 de la Ley de Régimen Electoral.
Asimismo, recordó que los delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos para fines electorales cuentan con sanciones tanto en la legislación electoral como en el Código Penal.
La organización citó los artículos 284, 287, 291, 292 y 293 del nuevo Código Penal, que establecen sanciones para distintas modalidades de corrupción, coalición de funcionarios y cohecho activo y pasivo, algunas de ellas con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión.
La entidad insistió en que la creación y puesta en funcionamiento de una estructura especializada de persecución resulta indispensable para garantizar la equidad electoral, evitar el uso político de los recursos públicos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
