Por: Por Rosario Medina Gómez
Periodista,profesora y comentarista
La publicación de los últimos resultados de la evaluación PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) se ha convertido en un ritual anual de lamentos colectivos.
Países con economías robustas como España se quejan amargamente de sus retrocesos, mientras que en la República Dominicana intentamos buscar consuelo en la aritmética de las migajas.
Ciertamente, desde una lectura estrictamente política y oficialista, se celebra que el país pasó de 336 puntos en ciencias en 2018 a 361 en la evaluación más reciente.
Sin embargo, conformarse con esto es un ejercicio de cinismo o de profunda ignorancia: seguimos estancados en los niveles más bajos del mundo, ocupando el tercer lugar entre los peores desempeños de América Latina.
No sabemos leer, no sabemos escribir y, fundamentalmente, no sabemos interpretar.Para comprender el verdadero alcance de este fracaso, es necesario despojarse de los discursos tecnocráticos y analizar la educación desde la economía política global.
PISA no es solo una métrica escolar; es un indicador elemental que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utiliza para categorizar la viabilidad, competitividad y el futuro económico de una nación.
Históricamente, la democratización de la enseñanza permitió que los hijos de las clases menos favorecidas lograran una movilidad social real. La educación era el motor que sustituye los salarios de miseria por empleos dignos basados en el rendimiento intelectual.
Sin embargo, hoy asistimos a un fenómeno global tan sutil como perverso: el retorno deliberado a la exclusividad y al ensanchamiento de las brechas de clase.
A las corrientes ultraderechistas mundiales les perturba profundamente que un joven brillante de escasos recursos pueda competir en igualdad de condiciones en universidades de élite como Harvard.
Para frenar esa movilidad, se han diseñado y asimilado de forma cultural una serie de tendencias que actúan como adormecedores sociales, y que impactan directamente a las poblaciones empobrecidas.
El primer y más devastador de estos estímulos es la dictadura de las pantallas. En cualquier barrio marginado de nuestro país, antes de que un niño aprenda a usar el cepillo dental, ya se le ha colocado una tableta en las manos.
Es una contradicción trágica: tal vez en ese hogar no estén garantizadas las tres comidas básicas del día, pero la pantalla no falta.
El neurodesarrollo y la ciencia cognitiva lo han advertido hasta el cansancio: la exposición prolongada y desregulada a los dispositivos destruye el pensamiento lógico y crítico, las dos herramientas indispensables para que un individuo sea capaz de resolver problemas complejos, superar a sus iguales y escalar socialmente.
Mientras potencias con altos desempeños como China, Canadá e Inglaterra regulan estrictamente el tiempo de exposición de los menores a las pantallas, e incluso la Unión Europea debate y legisla para restringir el acceso a redes sociales antes de los 16 años, en la República Dominicana impera el descontrol total.
El celular abierto con acceso a contenido adulto y vulgar se utiliza como la «nana digital» perfecta para mantener tranquilos a los hijos.
El resultado es catastrófico a nivel físico, químico y cognitivo: estamos idiotizando a la población infantil.Este adormecimiento intelectual se evidencia diariamente en el debate público y en las redes sociales.
El dominicano promedio consume, mastica y traga tendencias sin la menor capacidad de análisis. Hemos degradado tanto el criterio que cualquier individuo detrás de una plataforma digital, incapaz de estructurar una oración con sujeto y predicado, es catalogado como «periodista».
Peor aún, los referentes de éxito de la juventud han pasado de ser los profesionales de la ciencia y las letras a ser «dembowseros» o influencers que operan como analfabetos funcionales.
Cuando el sistema de valores se invierte de tal manera que el niño ignora al maestro en el aula porque prefiere imitar la mala pronunciación y la vulgaridad de su creador de contenido favorito, la escuela pierde la batalla.Es aquí donde entra el segundo factor del colapso: la quiebra de la corresponsabilidad familiar.
Vivimos en una sociedad con una profunda hipocresía moral, que se llena la boca exigiendo la Biblia en el centro del escudo pero que tiene los valores familiares totalmente invertidos.
Los padres de hoy han abdicado de su rol de tutores para convertirse en clientes de guarderías estatales; envían a los hijos a la escuela hasta las tres o cuatro de la tarde y se desentienden por completo de su progreso.
Aquella vieja y sana costumbre de preguntar «¿qué hiciste hoy en la escuela?» o «¿ya hiciste la tarea?» ha sido sustituida por el desinterés absoluto. Es la propia familia la que muchas veces contrarresta de forma activa las normas de comportamiento, vestimenta y educación que los maestros intentan inculcar.
El rol del Estado: Del gasto inerte a la acción estructural Frente a este panorama, la respuesta del Estado dominicano ha pecado de una pasividad cómplice. Gestionar un porcentaje importante del presupuesto nacional (como el 4% del PIB para la educación) no sirve de nada si se administra como un fondo inerte destinado a pagar nominillas, complacer paros gremiales que vacían las aulas o rellenar las parrillas mediáticas con discursos triunfalistas.
El Ministerio de Educación (MINERD) y el Congreso Nacional no pueden seguir actuando como espectadores de la degradación cognitiva de la juventud. La inacción legislativa y ejecutiva es la que permite que las corporaciones tecnológicas y los algoritmos desplacen la autoridad del maestro en las aulas.
Si el Estado pretende utilizar los resultados de PISA no como un trofeo de relaciones públicas, sino como un diagnóstico clínico real, debe intervenir con carácter de urgencia el ecosistema digital, social y pedagógico del país.
Para pasar de la queja a la transformación, se hace imperativa la implementación de un paquete integral de soluciones estatales directas:
Gobernanza Digital y Regulación de Pantallas: Siguiendo el ejemplo europeo, el Congreso Nacional debe legislar para delimitar y restringir de manera estricta el acceso de menores de 16 años a redes sociales algorítmicas que pulverizan los niveles de atención.
Asimismo, el MINERD debe prohibir de forma total el uso de teléfonos móviles personales dentro de los recintos escolares públicos y privados durante la jornada docente, sustituyéndolos por un currículo enfocado en la lectoescritura analógica y el pensamiento abstracto.
Fiscalización de la Jornada Escolar y Control Gremial: El dinero público no puede financiar el ausentismo. El Estado debe establecer consecuencias legales y financieras directas contra las interrupciones injustificadas del calendario escolar impulsadas por gremios sindicales.
Cada día de clase perdido es un crimen contra el futuro de los estudiantes más pobres del país. El cumplimiento de las horas lectivas debe ser una condición blindada por ley.
Escuela de Padres Obligatoria y Corresponsabilidad Vinculante: La educación pública no es un servicio de nana barata. Se debe condicionar la permanencia de los estudiantes en los centros educativos o el acceso a los subsidios sociales de las familias a la asistencia obligatoria de los padres o tutores a talleres mensuales de seguimiento cognitivo e institucional en las escuelas.
La negligencia parental en el seguimiento de las tareas debe ser penalizada administrativamente.
Reingeniería del Gasto e Inversión en Formación Docente: El problema en la República Dominicana ya no es la falta de dinero, sino en qué se gasta.
El presupuesto educativo debe reorientarse drásticamente desde el asistencialismo ineficaz hacia la capacitación científica e investigativa rigurosa de los profesores en técnicas modernas de enseñanza de la comprensión lectora y las ciencias lógicas.
Un maestro que no domina el pensamiento crítico jamás podrá enseñarlo.
Los resultados de PISA son el espejo inquebrantable de lo que somos: una sociedad sobreexpuesta a las pantallas, carente de seguimiento en el hogar, con valores invertidos y líderes culturales que celebran la ignorancia.
Si el Estado no asume su rol regulador y prefiere seguir nadando en la hipocresía de los medios de comunicación para rellenar contenido, seguiremos condenando a los hijos de los sectores más vulnerables a la inmovilidad social.
Los obligaremos a aceptar salarios de miseria en un sistema que, por diseño sutil, los prefiere sumisos, hiperconectados y, lamentablemente, incapaces de pensar.
