POR RAE ELLEN BICHELL, CLAIRE GALOFARO, MAIA ROSENFELD, RENUKA RAYASAM, AARON KESSLER, BYRON TAU, THE ASSOCIATED PRESS and KFF Health News
Una investigación realizada por KFF Health News y The Associated Press reveló que cientos de detenidos en al menos 33 estados de Estados Unidos alegan que los centros de detención para inmigrantes no brindan atención médica adecuada.
Los detenidos dicen que no recibieron medicamentos a tiempo —o que no los recibieron en absoluto— para afecciones como hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, mal de Parkinson y VIH.
Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Los niveles de azúcar en la sangre aumentaron. Las infecciones se agravaron.
Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Algunos detenidos sufrieron colapsos o convulsiones.
Desde hace tiempo, las cárceles y los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos han tenido dificultades para satisfacer las necesidades médicas de las personas bajo su custodia.
Pero el sistema está tambaleándose debido al aumento de detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo: a mediados de enero, más de 75.000 inmigrantes se encontraban detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), frente a los aproximadamente 40.000 del año anterior.
KFF Health News —una redacción nacional especializada en temas de salud— y la AP le solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que respondiera a los hallazgos seis días antes de su publicación, pero no obtuvieron respuesta.
El director médico interino del DHS, Sean Conley, ha declarado anteriormente que “es política y práctica habitual que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que quedan bajo custodia del ICE”, y que la agencia contrata a profesionales de la salud para mantener altos estándares.
“Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.
Instalaciones individuales y empresas privadas de prisiones que tienen contratos con el Departamento de Seguridad Nacional y que respondieron a las solicitudes de comentarios sobre este artículo indicaron que se apegan a los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica adecuada cuando se requiere.
Algunos manifestaron desconocer las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otros culparon a algunos detenidos por las deficiencias en su atención médica.
KFF Health News y la AP analizaron miles de casos judiciales, presentados desde la segunda investidura de Trump, que utilizan una vía jurídica conocida como habeas corpus para argumentar que el ICE retiene ilegalmente a personas.
Los registros ofrecen una perspectiva única sobre la manera en que los detenidos reportan, a menudo bajo pena de perjurio en caso de mentir, cómo el ICE atiende sus necesidades médicas. Los periodistas también entrevistaron a más de 50 detenidos, familiares y abogados.
La investigación reveló que se alega negligencia médica a lo largo de todo el extenso sistema de detención, incluidas oficinas no diseñadas para albergar personas, cárceles de condado y centros improvisados con apodos como el de “Alcatraz de los Caimanes”, en Florida.
La historia completa se puede leer aquí. Y estos son los puntos clave:
Personas enfermas permanecen detenidas
Anteriormente, a los detenidos con necesidades médicas graves con frecuencia se les liberaba con base en un permiso humanitario de permanencia temporal, en parte para evitar el costo de su atención médica, apuntó Andrew Pelcher, abogado de Vermont.
Ahora, bajo la “detención obligatoria”, personas con problemas de salud graves y costosos permanecen encerradas.
Un ciudadano rumano fue sometido a varias cirugías cardíacas, incluido un triple desvío coronario de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, el hombre de 52 años debía tomar 16 medicamentos diarios.
Mientras se encontraba detenido por el ICE en Baltimore, según consta en sus documentos judiciales, pasó dos días sin medicación antes de que las autoridades lo trasladaran a una instalación en Nueva Jersey.
La AP y KFF Health News no revelan la identidad de ninguna persona identificada en documentos judiciales sin su consentimiento.
Fue hospitalizado tres veces tras quejarse de dolores en el pecho, en parte porque el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos a pesar de “innumerables solicitudes”, según los registros médicos y los escritos judiciales.
Los documentos de alta hospitalaria citados por su abogado muestran que sólo recibió ocho de los 16 fármacos tras su segunda alta del hospital.
Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral mientras estaba en una videollamada con su hija, según los documentos judiciales.
“Tenía dificultades para respirar, se señalaba el pecho, donde sentía dolor nuevamente, y de repente dejó de hablar”. Su hija pidió ayuda a gritos a través del monitor, según la petición de él. “Finalmente, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión”.
El hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días, dice el documento. Fue devuelto a detención, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.
Familias desesperadas intentan ayudar desde lejos
Los detenidos que reciben atención médica inadecuada disponen de pocas opciones.
El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional desmanteló la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés). Hace algunas semanas la cerró por completo, bajo el argumento de que el Congreso no la financió.
Anteriormente, el personal del defensor podía facilitar la atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, dijo, no hay a quién telefonear.
Mientras tanto, las familias de los detenidos dicen que se sienten impotentes y realizan llamadas desesperadas a las instalaciones, al gobierno y a sus legisladores, al tiempo que ven cómo sus seres queridos se deterioran.
Riya Khan notó cómo su madre se deterioraba en el Centro de Detención de California City, propiedad de CoreCivic, una empresa penitenciaria privada.
Cuando la visitó una semana después de que llegó a la instalación, ubicada en el desierto de Mojave, Riya relató que la mujer de 64 años estaba temblando cuando se sentó. Respiraba con dificultad.
Masuma Khan llegó a Estados Unidos desde Bangladesh en 1997. Al igual que el 70% de los detenidos, Khan no tiene antecedentes penales. Fue detenida en octubre cuando se presentó a su cita rutinaria de control con el ICE.
Durante el mes que permaneció detenida, según su hija, sólo recibió de forma intermitente sus medicamentos para varias afecciones, incluidas hipertensión, hipotiroidismo y prediabetes.
CoreCivic trata las enfermedades crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables, declaró el portavoz Brian Todd.
“Para CoreCivic, nada es más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas a nuestro cargo”, agregó.
Khan dijo que le dieron su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de su liberación, y sus gotas para el glaucoma nunca llegaron.
Los empleados le dijeron a Khan que debía comprar algunos de sus medicamentos en la tienda de la prisión, pero allí no los tenían, señaló su hija.
“Indiferencia descarada ante problemas muy evidentes”
Dora Schriro, quien trabajó para el ICE y ahora es asesora especial del Colegio de Abogados de Estados Unidos, dijo que la jurisprudencia exige que el gobierno les dé la misma atención a las personas detenidas por motivos de inmigración que la que les brinda a quienes se encuentran en cárceles tradicionales mientras aguardan un juicio.
Pero a los administradores se les otorgan facultades discrecionales, y los estándares de atención médica varían.
Con frecuencia, los detenidos son trasladados a diversas partes del país, a menudo sin previo aviso, lo que interrumpe su tratamiento.
Una mujer de El Salvador refirió que se quedó una semana sin su medicina contra el VIH al ser trasladada desde Colorado a una cárcel de condado en Wyoming.
Un ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó a un gastroenterólogo por sus dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano.
“Desafortunadamente, nunca pude verlo debido a que me trasladaron a diversos centros de detención”.
Defensores dicen que incluso a las discapacidades evidentes, como la ceguera legal, no se les presta atención.
Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma grave en el otro necesitaba gotas dos veces al día para mantener la visión que le quedaba. No obstante, expuso que algunos días las gotas nunca llegaban.
Escribió que su visión se deterioraba rápidamente y que temía perderla por completo y no volver a ver jamás a su hijo pequeño.
Los periodistas de The Associated Press Garance Burke, Valerie Gonzalez y Tim Sullivan, así como la corresponsal de KFF Health News, Kate Wells, contribuyeron a este reportaje.
