
Por: Viviana Paulino de Tejada
La autora es perito técnico en licitaciones pública.

Hoy, la eficiencia y el manejo transparente de las compras pública no son una casualidad constituyen el resultado del trabajo hecho por la Dirección General de las Compra Pública, que ha robustecido las normativas técnico y legal para favorecer la libre competencia y el beneficio para el estado y proteger los fondos públicos..
.En la República Dominicana, la Ley No. 47-25 de Contrataciones Públicas, ha venido a ampliar de manera categórica las reglas del juego, creando normativas que abarcan hasta lo penal para lo actores que participan en el Sistema General de la Compra Pública.
En el día a día institucional, corresponde al equipo de peritos un papel preponderante en la transparencia, legalidad y un buen informe al evaluar a los oferentes.
Esto permite resguardar la estricta y eficiente distribución de cada centavo invertido bajo los nuevos estándares de planificación, sostenibilidad y eficiencia.

Garantía democrática frente a la corrupción.
El peritaje público no debe ser minimizado como un simple trámite burocrático; es, en esencia, una garantía democrática. Cuando un equipo multidisciplinario de expertos técnicos, financieros y legales analizan las propuestas, levanta una barrera infranqueable contra el favoritismo, la corrupción, el tráfico de influencia y el conflicto de intereses. Esta labor del perito cobra hoy mayor relevancia bajo el amparo de la Ley No. 47-25, la cual introduce un severo régimen de consecuencias que penaliza con prisión y multas a los actores del Sistema Nacional de Compras Públicas, que incurran en fraude, dolo, negligencia, tráfico de influencia, o cualquier violación a las normativas.
Comprometiendo la responsabilidad penal a las personas físicas y jurídicas que participen en prácticas de corrupción o soborno. Asimismo, el carácter obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), robustece el proceso al imponer una fiscalización y trazabilidad digital de extremo a extremo

La efectividad de este procedimiento radica en su rigurosa naturaleza preclusiva y escalonada.La evaluación económica final y la consecuente recomendación de adjudicación no son actos de fé ni decisiones discrecionales; representan la derivación lógica de un análisis normativo y matemático depurado. Fortalecer e independizar estas comisiones periciales equivale a blindar el patrimonio estatal, asegurando que la inversión en el desarrollo del país descanse sobre los pilares inquebrantables de la libre competencia, la equidad y el beneficio colectivo.
Por consiguiente, la rigurosidad técnica jamás debe ser sacrificada en el altar de la prisa política o de los intereses particulares. Resulta imperativo que tanto la sociedad civil como los organismos de control mantengan una veeduría activa y vigilante sobre cada pliego de condiciones e informe emitido. Avanzar hacia la profesionalización permanente y la inamovilidad funcional de nuestros peritos, combinado con un apego irrestricto a la ley, es el único mecanismo institucional que garantizará un futuro libre de toda sombra de corrupción administrativa.







































































