POR SUDHIN THANAWALA
Un tribunal federal de apelaciones permitió el martes que el gobierno del presidente Donald Trump reanudara la ejecución de deportaciones rápidas de migrantes indocumentados en todo Estados Unidos, no solo cerca de la frontera.
Un panel dividido de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia anuló el fallo de un tribunal inferior que bloqueó temporalmente el uso ampliado de la expulsión acelerada por parte de Trump.
La decisión fue una gran victoria para el gobierno republicano, que considera la ampliación de la llamada expulsión acelerada como una herramienta clave para aplicar su política de deportaciones masivas.
La expulsión acelerada —una deportación rápida sin posibilidad de comparecer ante un juez— se ha aplicado con anterioridad a migrantes que llegan por mar o que son detenidos en la frontera o cerca de ella poco después de cruzar.
En enero, Trump amplió su aplicación a migrantes indocumentados en todo Estados Unidos. Agentes de inmigración comenzaron a capturar rápidamente a migrantes en los tribunales, adonde habían acudido para trámites migratorios, y luego los expulsaban del país en cuestión de días.
“La presión del gobierno de Trump para realizar deportaciones por la vía rápida someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores”, afirmó en un comunicado Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Balakrishnan representó a los demandantes en los argumentos ante el panel de apelaciones y sostuvo que el fallo “socava el principio fundamental de que las personas reciban el debido proceso cuando el gobierno busca deportarlas”.
El juez del Circuito de DC Justin R. Walker, uno de los jueces del panel, dijo que los demandantes no demostraron que el uso ampliado de la expulsión acelerada violara los derechos de debido proceso.
Los inmigrantes fueron notificados de los procedimientos de expulsión y se les dio la oportunidad de responder, escribió en su opinión.
Walker y la segunda jueza de la mayoría, Neomi Rao, fueron nombrados por Trump. El tercer juez del panel fue designado por el expresidente demócrata Barack Obama.
Walker dijo que no existía el requisito de que el gobierno informara a los inmigrantes que pueden evitar la expulsión acelerada si pueden demostrar que han estado en Estados Unidos por más de dos años.
“El requisito constitucional es la notificación de la acción que el gobierno está tomando y los fundamentos de esta, además de una oportunidad de responder”, escribió, y añadió que el “razonamiento contrario” de los demandantes exigiría que los agentes de inmigración proporcionaran lo que equivaldría a asesoría legal.
Walker y Rao anularon una orden de la jueza federal de distrito Jia Cobb que dejó la política en pausa. Cobb, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, dictaminó en agosto que el gobierno no había desarrollado procedimientos para garantizar que los migrantes no fueran deportados erróneamente bajo el proceso acelerado.
Los demandantes habían presentado “pruebas sustanciales” de que el proceso de expulsión acelerada, por el contrario, conllevaba un alto riesgo de error cuando se aplicaba de manera más amplia, señaló Cobb.
En el fallo se presentan ejemplos de personas que habían vivido en Estados Unidos por mucho más de dos años, pero aun así se ordenó su expulsión en procedimientos acelerados.
En su opinión, Walker reconoció pruebas de tales errores, pero dijo que se debían a que “agentes individuales no cumplieron la ley, y no a defectos en las directrices escritas bajo revisión ni en los procedimientos que incorporan”.
El gobierno de Trump ha argumentado que su ampliación de la expulsión acelerada incluye protecciones para evitar expulsiones arbitrarias. En un escrito judicial de octubre, abogados del Departamento de Justicia dijeron que el fallo de Cobb fue un “error atroz” que privaba al gobierno de una “herramienta esencial para combatir el aumento sin precedentes de la inmigración ilegal en los últimos años” y para deportar de manera eficiente a una cantidad que podía ascender a millones de personas.
