POR PAOLA FLORES and CARLOS VALDEZ
LA PAZ (AP) — El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción en todo el país durante la madrugada del sábado con el fin de liberar las carreteras bloqueadas tras superarse el umbral de los 50 días de protestas en su contra.
“Este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación.
A pesar del exhorto de múltiples sectores, entre ellos empresarial, el mandatario buscó la negociación y evitó sacar a la fuerza pública para evitar que el conflicto se agravara.
Logró acuerdos, pero quedaron dos sindicatos radicales que mantienen el control de carreteras: el sindicato agrario Túpac Katari que mantiene bloqueados los ingresos a La Paz y cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que controlan la ruta al oriente y cuyo único pedido es la renuncia de Paz.
Tras dictarse la medida, la policía avanzaba sin encontrar resistencia en las principales rutas bloqueadas. En muchos lugares vecinos recibían con aplausos y banderas a las fuerzas del orden.
Los manifestantes se retiraron dejando la ruta con escombros, piedras, troncos a lo largo de kilómetros que tractores despejaban.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que despejar las rutas llevará al menos dos días.
“Esto es un respiro para todos, ya estamos cansados, era hora, los bloqueadores eran pocos pero hicieron mucho daño”, indicó a The Associated Press Edy Marca, vecino de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz
No obstante, cocaleros del Chapare seguidores de Morales anticiparon que resistirán la medida.
“Quieren intimidarnos con este estado de excepción, Vamos a continuar con la lucha”, sostuvo el dirigente cocalero Severo Marca desde el Chapare. Las fuerzas del orden todavía no avanzaban hacia los puntos más conflictivos donde se han registrado violentos choques en días pasados.
Paz explicó que la medida busca garantizar el suministro de combustible que arrecia en la nación a raíz de los cortes de ruta, que han dejado camiones cisterna varados. Además, hay escasez de oxígeno medicinal y alimentos.
El decreto prohíbe “bloquear calles, avenidas, caminos y carreteras que afecten la circulación y el abastecimiento”, y dispone que las Fuerzas Armadas apoyen de forma temporal a la policía “para recuperar el orden, liberar las vías y proteger a la población”.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras, actualmente hay más de 40 puntos de bloqueo. La capital, La Paz, y la vecina ciudad de El Alto son las más castigadas por los cortes de ruta.
Las protestas se mantienen en cuatro de las nueve regiones del país, siendo el departamento central de Cochabamba una de las zonas con mayor afectación.
La medida puede durar hasta 90 días, pero podrá anularse antes “si cesan los bloqueos, la violencia y las amenazas contra la población”, explicó el gobierno en un comunicado.
El estado de excepción no limita el derecho al debido proceso ni las garantías constitucionales y permite que la población mantenga sus actividades cotidianas, agregó.
Los cortes de ruta han dejado a La Paz desabastecida de alimentos y combustibles y han causado al menos 17 fallecidos, la mayoría por falta de atención médica debido a los bloqueos, de acuerdo con el Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos humanos.
El viernes por la noche, Paz firmó un acuerdo con uno de los sindicatos obreros, cuyos responsables pidieron levantar los cortes.
La Central Obrera Boliviana se desmarcó de los sindicatos campesinos del altiplano de La Paz y los afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que mantenían las protestas.
Los campesinos rechazan dialogar con el gobierno de Paz y exigen su dimisión inmediata.
Las movilizaciones comenzaron con demandas sectoriales que, según los manifestantes, no fueron atendidas por el gobierno y pasaron a exigir la dimisión de Paz ante lo cual el gobierno dijo que la protesta tomó ribetes desestabilizadores.
Por su parte, el ejecutivo acusa a Morales de promover las protestas desde su feudo cocalero en el Chapare, en el centro del país. El exmandatario se refugia en esa región desde octubre de 2024 para evitar declarar ante la justicia en un caso de presuntos abusos a una menor.
