POR JULIE CARR SMYTH and MICHAEL CASEY
Una jueza federal prohibió el miércoles de forma permanente que el gobierno del presidente Donald Trump implemente la mayor parte de su primera orden ejecutiva sobre elecciones, parte de la cual buscaba exigir que las personas mostraran prueba documental de ciudadanía cuando se registraran para votar.
En la práctica, el fallo de la jueza Denise Casper, del Tribunal Federal de Distrito en Boston, convierte en una prohibición permanente una orden judicial preliminar que emitió hace un año, en la que bloqueó temporalmente muchos de los esfuerzos de Trump por reformar las elecciones.
Casper rechazó el argumento del gobierno de que la demanda para bloquear los cambios, presentada por fiscales generales estatales demócratas, era prematura porque las normas aún no se habían implementado.
En su lugar, coincidió en que la Constitución otorga a los estados y al Congreso la autoridad para regular las elecciones, y que los requisitos de Trump violaban la separación de poderes.
La Constitución “no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”, escribió.
Entre otros cambios propuestos, la orden de Trump habría exigido que las personas presentaran prueba documental de ciudadanía al registrarse para votar, habría impedido que se contaran las boletas enviadas por correo si llegaban después del Día de las Elecciones, aun si tenían matasellos de esa fecha, y habría castigado a los estados que no cumplieran reteniéndoles ciertos fondos federales.
En una declaración, la fiscal general de Nueva York Letitia James dijo que agradecía que el tribunal hubiera bloqueado el “intento inconstitucional (de Trump) de tomar el control de nuestras elecciones” y que seguiría defendiendo el derecho al voto en las elecciones intermedias de este año.
“Generaciones de estadounidenses lucharon sin Descanso por el derecho al voto, y honramos su legado protegiendo ese derecho contra cualquiera que trate de socavarlo”, afirmó.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia han respondido a solicitudes de comentarios.
Se trata del más reciente de una serie de fallos contra la orden ejecutiva sobre elecciones que Trump firmó pocos meses después de asumir el cargo para su segundo mandato.
Desde entonces, firmó otra orden ejecutiva sobre elecciones, con la que busca crear una lista nacional de votantes y limitar la votación por correo. Esa directiva también enfrenta múltiples impugnaciones legales.
El otoño pasado, un juez federal en Washington, D.C., que supervisa otra impugnación a la primera orden ejecutiva electoral, presentada por grupos de derechos civiles y organizaciones alineadas con el Partido Demócrata, impidió que el gobierno tomara medidas destinadas a incluir el requisito de prueba de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes.
Posteriormente, ese juez prohibió al secretario de Defensa que exigiera prueba documental de ciudadanía cuando el personal militar se registra para votar o solicita boletas.
En un aparente reconocimiento de la dificultad de implementar por orden ejecutiva un requisito de prueba de ciudadanía, Trump impulsa una legislación en el Congreso, controlado por los republicanos, para crear ese mandato.
La Ley SAVE America fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero se ha estancado en el Senado, lo que llevó a Trump a promover la eliminación del obstruccionismo que bloquea la legislación.
El miércoles, el mandatario canceló abruptamente la firma prevista de una ley bipartidista de vivienda, al afirmar que no firmará ninguna legislación hasta que el Congreso apruebe su requisito de prueba de ciudadanía para votar bipartidista de vivienda, al afirmar que no firmará ninguna legislación hasta que el Congreso apruebe su requisito de prueba de ciudadanía para votar.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
