POR REGINA GARCIA CANO
CARABALLEDA, Venezuela (AP) — En Caraballeda, un pueblo en la costa caribeña de Venezuela, los ricos y los pobres compartían el paraíso.
Sus apartamentos —unos pocos con acceso directo a la marina y cientos en torres de vivienda pública— se alzaban en la misma calle y ofrecían vistas idílicas de playas de arena blanca y aguas cristalinas.
Los dueños de yates y los usuarios del transporte público que compartían esa vía encarnaban la integración social que el gobierno se propuso lograr. Muchos de ellos, que disfrutaban de un día festivo o descansaban en casa el 24 de junio, corrieron la misma suerte cuando el suelo se sacudió con tal violencia que sus viviendas quedaron reducidas a escombros en segundos.
Ahora, unas 17.000 personas que sobrevivieron también comparten la condición poco común de estar sin hogar en Venezuela.
Mientras la cifra oficial de muertos supera los 3.500, muchos deben depender del gobierno –que ha sido duramente criticado por su respuesta a la tragedia y que en el pasado ha politizado la vivienda– para resolver dónde vivirán, si es que tendrán un nuevo hogar.
La vivienda sigue siendo una constante incluso en tiempos de crisis
La vivienda, por lo general, ha sido la primera aspiración de los adultos venezolanos desde la segunda mitad del siglo XX, cuando un auge petrolero permitió al gobierno financiar complejos habitacionales, a los pobres construir chozas de ladrillo y cemento conocidas localmente como “ranchos”, y a los ricos comprar segundas y terceras moradas.
Incluso cuando la economía del país se desmoronó en 2013, la mayoría de los venezolanos aún tenía un techo, ya fuera porque el gobierno, que se autodefine socialista, les asignó una vivienda; porque compraron una con un gran descuento a personas desesperadas por conseguir dinero para migrar; porque levantaron ranchos unos encima de otros; e incluso porque ocuparon casas abandonadas.
Quienes viven en viviendas construidas por el partido gobernante desde hace 27 años —actualmente encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez— no tienen los títulos de propiedad, pero esas casas les permitieron ahorrar y mantener a familias enteras fuera de las calles.
“Era su hogar, su casa. Era una felicidad enorme cuando le asignaron estas casas aquí”, manifestó Carlos Ortega sobre los 12 apartamentos en Caraballeda que a sus familiares les asignaron hace más de una década, tras años de dificultades económicas después de un deslave.
“Imagínese, le dieron su casa después de perderlo todo, pero ahora lo perdieron todo, hasta la vida”.
Solo uno de los hermanos de Ortega sobrevivió al colapso de las torres de vivienda pública, mientras que su hijo, que vivía en un apartamento del noveno piso pero estaba trabajando en una tienda de conveniencia cuando ocurrieron los terremotos, sigue desaparecido a más de una semana del desastre. Ortega esperaba encontrarlo en un hospital, un refugio o en alguno de los campamentos de tiendas erigidos en espacios públicos y estacionamientos privados.
No muy lejos de donde hizo una pausa tras retirar escombros que sepultaron a su familia, la gente evaluaba viviendas aplastadas junto a un club náutico y algunos remolcaban motos acuáticas.
Allí, a los rescatistas les ofrecían galletas y otros alimentos en una bandeja de plástico mientras permanecían de pie sobre los restos donde la esposa de un general militar esperaba que él y sus hijos fueran encontrados.
Esfuerzos del gobierno para integrar a distintas clases socioeconómicas
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia, explicó que los gobiernos venezolanos, incluso antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, habían intentado evitar la segregación socioeconómica construyendo proyectos de vivienda en o cerca de zonas exclusivas. Esa estrategia, señaló, también les daba una ventaja política al diversificar la base de votantes en barrios más acomodados que tienden a votar por la oposición.
Pero las viviendas construidas bajo la “Gran Misión Vivienda” de Chávez, continuada por su sucesor Nicolás Maduro hasta que el ejército de Estados Unidos lo derrocó en enero, tenían una condición: la gente nunca recibía un título de propiedad.
“El chavismo lo que trata es de mantener una dependencia política”, dijo Rodríguez sobre el movimiento político de Chávez. “Es decir, si tú en algún momento te me volteas y ya no me apoyas, pues entonces el techo que te he dado te lo quito”.
Esto vuelve a estos residentes vulnerables a los caprichos del gobierno, en particular cuando los sobrevivientes han sido explícitos al denunciar la falta de apoyo gubernamental en las labores de búsqueda y rescate.
El gobierno de la presidenta Rodríguez, cuya respuesta a la catástrofe ha sido denunciada por residentes de todos los sectores, aún no ha dado plazos para los esfuerzos de recuperación de vivienda.
La magnitud de los daños todavía no está clara, pero al menos 10.000 estructuras, o cerca de un tercio, resultaron dañadas en Catia La Mar, una ciudad al oeste de Caraballeda también en el estado La Guaira, según imágenes satelitales analizadas por AI for Good Lab de Microsoft. Edificios antiguos, construcciones deficientes y la geografía dejaron a muchos vecindarios de Venezuela vulnerables a terremotos fuertes.
Recoger los pedazos
Benito Mantilla, de 68 años, ahora vive en una tienda instalada en el estacionamiento de una farmacia en Catia La Mar después de que su casa resultara dañada. Su esposa se fue a República Dominicana la semana pasada, pero él decidió quedarse e intentar encontrar trabajo a unos 40 minutos, en la capital, Caracas, ya que los terremotos también dañaron su taller de reparación de autos y el de su hermano.
Otra mujer que también vive en el estacionamiento aún esperaba que el gobierno le diera una vivienda pronto. Su hija, contó, forma parte de los organizadores locales del partido gobernante.
Mientras tanto, Caryudedi González, que compró su propia casa cuando tenía 21 años, esperaba que su vivienda de clase trabajadora —la mitad de la cual se desplomó por un barranco— pudiera repararse de alguna manera.
“En muchos países es muy difícil tener una casa propia y aquí nos esforzamos tanto por tener lo nuestro”, expresó González, de 44 años.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
