Santo Domingo.RD..La Corriente Gremial Dignidad Jurídica afirmó este viernes que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debe declarar la extinción de la acción penal en el proceso seguido al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, al considerar que el caso ha excedido el plazo máximo de duración establecido por la legislación dominicana.
Durante una rueda de prensa, el presidente de la organización, Leonardo Reynoso, sostuvo que la solicitud de extinción presentada por la defensa del exfuncionario debe ser acogida para preservar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, argumentando que el proceso supera ampliamente el límite de cuatro años contemplado en el artículo 150 del Código Procesal Penal.
Reynoso explicó que la audiencia para continuar con el conocimiento de esta solicitud está pautada para el próximo lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, e invitó a la comunidad jurídica a asistir como observadora del desarrollo del proceso y de las garantías constitucionales que, a su juicio, deben prevalecer en los tribunales.
El dirigente gremial señaló que el caso trasciende la situación particular del imputado y representa una prueba para el sistema de justicia dominicano.
“Cuando el legislador establece un límite al poder punitivo del Estado, ese límite existe precisamente para ser respetado. Las garantías constitucionales no fueron creadas para los casos fáciles, sino para aplicarse con igual firmeza en aquellos asuntos de mayor notoriedad pública”, expresó.
La entidad indicó que, según su interpretación, durante casi seis años de proceso no existe una decisión judicial que atribuya a Jean Alain Rodríguez maniobras dilatorias que justifiquen la extensión del plazo legal para la persecución penal.
Asimismo, Dignidad Jurídica citó estadísticas del Poder Judicial correspondientes al período 2014-2025, las cuales, según afirmó, reflejan que los tribunales acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal, frente a 2,769 rechazadas o declaradas inadmisibles, sosteniendo que este mecanismo constituye una garantía procesal de aplicación ordinaria.
Durante la comparecencia, Reynoso también atribuyó la prolongación del proceso a presuntas deficiencias institucionales, entre ellas el tiempo empleado en la investigación, el volumen de la acusación, retrasos relacionados con la entrega de evidencias y otros aspectos procesales que, según indicó, no serían responsabilidad de la defensa.
El presidente de la organización sostuvo además que la jurisprudencia nacional e internacional reconoce el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable y afirmó que las ineficiencias del Estado no deben traducirse en una prolongación indefinida de un proceso penal.
Finalmente, Reynoso manifestó que una eventual decisión favorable a la solicitud de extinción no implicaría un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del exprocurador, sino la aplicación de las garantías procesales establecidas por la ley.
La rueda de prensa contó con la participación de más de 35 abogados pertenecientes a la Dirección Nacional de Dignidad Jurídica, en representación de las distintas seccionales de la organización a nivel nacional.
