Los acusados se exponen a penas de hasta 20 años de prisión, explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, al ponderar el Auto de Apertura a Juicio contra el grupo procesado por corrupción administrativa
SANTO DOMINGO (RD).- Los procesados por corrupción administrativa en el caso contra Jochi Gómez, Hugo Beras y compartes se exponen a penas de hasta 20 años de prisión, explicó el procurador adjunto Wilson Camacho, al ponderar la decisión con la que el Ministerio Público obtuvo auto de apertura a juicio para el grupo encartados en el expediente por defraudar al Estado dominicano.
Al acoger la solicitud del Ministerio Público, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, dictó auto de apertura a juicio contra el empresario Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S., y Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La jueza rechazó la solicitud de nulidad del expediente presentada por la defensa de Hugo Beras y mandó a juicio, además, a Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, fueron enviados a juicio Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También, las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Esta organización criminal estaba conformada por funcionarios públicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de haber participado en maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando su posición o sus conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contratación pública.
Su actuación se caracterizó por una planificación meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el fin de garantizar el control total del proceso licitatorio y asegurar la adjudicación irregular del contrato por un monto de RD$ 1,317,350,997.00, en favor de empresas vinculadas al imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó el avance del proceso tras la modificación del Código Procesal Penal de la República Dominicana.
“Hay varias cosas que hay que resaltar sobre este proceso; el primero, es la primera acusación que se conoce con la modificación que se hizo al Código Procesal Penal y ustedes podrán darse cuenta que, desde el depósito de la acusación al día de hoy han transcurrido solo seis meses, y ya este caso va a juicio, lo que evidencia la rapidez con la que se pueden conocer los procesos penales a partir de la modificación”, destacó, al responder a los periodistas que lo abordaron al salir de la audiencia.
“En relación a la decisión que tomó el tribunal en el día de hoy, hay decisiones que reflejan el trabajo del Ministerio Público y esta es una de esas decisiones, el tribunal excluyó el tipo penal de terrorismo sobre una visión que tiene el tribunal de que no se da la participación subjetiva del tipo penal”, dijo.
Sin embargo, destacó que retuvo el tipo penal de sabotaje, la cual permite retener la parte objetiva del tipo penal. “Y esta es una cuestión que puede perfectamente resolverse en juicio, en la medida en que el Ministerio Público pruebe la realidad de la conducta y podamos solicitar en juicio que el tribunal que conozca del mismo varíe la calificación, así que esto no es un problema para el Ministerio Público”, dijo.
Sostuvo que el caso llevado por el Ministerio Público se mantiene fortalecido, “porque los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje”.
“Es como decir que el tribunal retuvo el tipo penal en el 90%, el resto nosotros lo podemos probar y resolver en juicio en la medida en que se desahoguen las pruebas”, indicó.
“La calificación jurídica que retiene el tribunal, incluye el lavado de activos, lo que significa que en este caso puede haber penas que lleguen, incluso, a los 20 años de reclusión”, subrayó.
Camacho encabezó, junto a la procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia, junto a los fiscales Jonathan Elías Pérez, Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Arolin Lemos.
El Ministerio Público acusa al grupo de integrar una red criminal dedicada a la corrupción, sabotaje y terrorismo, la cual fue desmantela tras la puesta en marcha de la Operación Camaleón en el año 2024.
La Pepca presentó acusación por el caso contra las personas físicas y jurídicas en el mes de octubre del pasado año 2025.
Durante el proceso, declarado complejo, el Ministerio Público estableció la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
El Ministerio Público determinó que, mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
Cargos que enfrentan
José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Frank Díaz Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.
Carlos José Peguero Vargas movilizó fondos a través de Inprosol S.R.L.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.
Henry Darío Feliz Cassó operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.
Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica. PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo.
Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado y contrabando. Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias.
Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico.
Inprosol S.R.L. funcionó como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con fondos ilícitos.
El grupo fue acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y de cometer estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo, además de incurrir en crímenes y delitos de alta tecnología y uso de documento privado. También, fueron acusados por contrabando y violación a la Ley de Armas.
Dichas conductas están tipificadas y sancionadas por varios artículos de la Constitución de la República Dominicana, Código Penal Dominicano y de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Ley núm. 155-17 sobre Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
