POR ISABEL DEBRE
MORENO, Argentina (AP) — Analía Celis tiene 34 años y vive con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, lo que le impide caminar, pero la terapia deportiva le alivió la tensión muscular. No puede trabajar, pero hornear le dio una sensación de independencia. Le cuesta hablar, pero pintar con sus pares la ayudó a conectarse sin palabras.
Ahora, el presidente argentino Javier Milei ha aplicado su emblemática motosierra a estos programas de terapia especializada que, durante décadas, han representado un salvavidas para Celis, y para muchos de los aproximadamente 5 millones de argentinos con discapacidad.
En los últimos meses, el gobierno ha congelado los pagos a organizaciones que brindan servicios terapéuticos y educativos a personas con discapacidad.
Los participantes han sido privados de rutinas cuidadosamente diseñadas, sostienen sus defensores y familiares, y se han desmantelado elementos de una red de contención social que antes se consideraba sólida según los estándares regionales.
“Nunca nos hubiéramos imaginado llegar a este punto, tener que vender un vehículo porque no tenemos plata para pagar los servicios o para pagar la alimentación”, afirmó Martín Lucero, representante legal de Andar, una organización argentina sin fines de lucro que gestiona un centro de atención diurna para personas con discapacidad en las afueras de Buenos Aires.
Andar ha quedado tan asfixiada que dejó de ofrecer hace dos meses los traslados en autobús de ida y vuelta al centro, dejando varadas a Celis y a decenas de personas más en del extenso suburbio bonaerense de Moreno, que dependían de su transporte gratuito y adaptado para poder asistir.
“La solución nunca puede ser cortarle a una persona con discapacidad su servicio terapéutico… el espacio que necesita para su desarrollo”, señaló Lucero. “Es una decisión política”.
Desde que Milei asumió el cargo a fines de 2023, su agenda de austeridad lo ha convertido en un ícono del rechazo conservador global contra el orden establecido liberal.
Al igual que sus aliados en el gobierno del presidente Donald Trump, su administración ha presentado los recortes a los programas de discapacidad como parte de un proceso de reforma destinado a eliminar el fraude y el despilfarro en la burocracia federal.
Un portavoz del presidente no respondió a distintas solicitudes de comentarios.
Un sistema que se encamina al colapso
Los prestadores de atención a la discapacidad en Argentina, incluidos centros de atención diurna como Andar, pero también programas residenciales, de educación especial y capacitación laboral y en habilidades, operan con ingresos que reciben a través de la facturación a programas de seguros administrados por el Estado.
Las deudas de estas organizaciones sin fines de lucro han ido en aumento debido a que los pagos del gobierno han sido irregulares y a que las tasas de reintegro se han mantenido por debajo de una inflación que ha alcanzado niveles nunca vistos.
Sin embargo, afirman que la situación empeoró hace seis meses, cuando el flujo de dinero se detuvo por completo.
Para reducir costos, han recortado cada vez más personal, demorado salarios, reducido las comidas y acortado sus horarios.
No existe un recuento oficial de cuántos centros terapéuticos se han visto obligados a cerrar, pero grupos defensores de los derechos de las personas con discapacidad calcular que hasta 50 de ellos han bajado la persiana este año, muchos en provincias rurales de Argentina.
“Le diría (al presidente) que nos mire a nosotros, que nos mire, que nos vea, que venga acá”, dijo Roman Pontecorvo, de 28 años, con discapacidad intelectual, que descubrió su pasión por la actuación en Andar. “Si cierran (Andar), muchas familias quedarían afuera. Muchos de nosotros quedaríamos sin nada. sería un caos. Un caos total”.
Andar indica que alrededor del 30% de las 150 personas con discapacidad inscritas en su programa diurno ya no pueden llegar al centro, una apacible extensión de terreno con una cancha de fútbol, huerta y una cocina de nivel profesional donde los participantes pueden ganar un salario mensual trabajando para su servicio de catering.
Sin actividades, dicen los terapeutas, las personas con discapacidad pueden retroceder rápidamente.
“Se despierta tres o cuatro veces en la noche, gritando, pidiendo ir a la granja”, afirmó Clementina Tabares, de 74 años y madre de Celis, quien ahora falta a sus propias citas médicas porque su hija requiere cuidados las 24 horas. Celis pasa todo el día en la cama con una manta colgada sobre la ventana para bloquear el sol y música rock sonando a todo volumen desde su teléfono; de vez en cuando, gime con agitación.
“Está metida para adentro, encerrándose”, dijo Tabares. “Y eso me da miedo”.
Milei deja en suspenso una ley de emergencia por discapacidad
Hay una solución simple, dicen los defensores de derechos: implementar una ley aprobada el año pasado que declaró un estado de emergencia para las personas con discapacidad.
También aumenta prestaciones que han perdido el 30% de su valor por la inflación y garantiza financiamiento para los prestadores de servicios al menos hasta diciembre de 2026.
Pero Milei ha demorado la entrada en vigor de la ley, argumentando que su impacto fiscal —aproximadamente el 0,35% del producto interno bruto— socavaría su superávit presupuestario, logrado con gran esfuerzo, el primero de Argentina tras décadas de déficit.
“Usando causas nobles promulgan leyes que llevan a la quiebra a la Nación”, dijo Milei después de vetar la ley el año pasado.
El Congreso anuló su veto. Actualmente se desarrollan batallas judiciales por la asignación de fondos.
En una decisión contundente, un juez federal le dio al gobierno 72 horas para restablecer los pagos congelados a los prestadores de servicios en cumplimiento de la ley el 18 de mayo, escribiendo que, para las personas con discapacidad, “La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo”. El gobierno apeló.
Mientras tanto, Milei ha presentado un proyecto de ley que desmantelaría formalmente el sistema actual de pagos estatales a centros terapéuticos, otorgando a aseguradoras privadas y a los gobiernos provinciales la facultad de negociar sus propias tarifas con los prestadores de servicios.
También impondría nuevas restricciones sobre quién califica para recibir beneficios, poniendo fin a los subsidios para todos salvo para quienes estén por debajo de la línea de pobreza y tengan discapacidades clasificadas como absolutas y permanentes.
El proyecto, que ha provocado rechazo de grupos de derechos, está a la espera de debatirse en el Congreso.
Sobornos de alto nivel eclipsan un escándalo por la radiografía de un perro
Meses antes de que el multimillonario Elon Musk, del efímero Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) del gobierno de Trump, afirmara falsamente que millones de personas muertas habían recibido cheques del Seguro Social, funcionarios argentinos denunciaron una estafa igualmente surrealista: que los beneficiarios falsificaban estudios médicos para engañar al gobierno y obtener dinero por discapacidad, incluso, al menos en un caso, presentando radiografías de un perro herido.
El alcance de esas estafas sigue sin estar claro. Las autoridades no han ofrecido pruebas de que exista un abuso generalizado.
Sin embargo, los fiscales investigan acusaciones de corrupción en un nivel más alto: en grabaciones filtradas el año pasado, el exdirector de la agencia nacional de discapacidad, Diego Spagnuolo, habla de sobornos por cientos de miles de dólares que presuntamente habría recibido Karina Milei, hermana del presidente y su asesora más cercana, por parte de empresas farmacéuticas que buscaban contratos públicos.
Milei ha negado irregularidades en nombre de su hermana. A medida que las auditorías cobraron urgencia, el gobierno cerró Andis, la agencia nacional de discapacidad, despidió a cientos de trabajadores y consolidó los programas de discapacidad bajo el Ministerio de Salud.
Pocas personas ponen en duda la necesidad de mayor transparencia. Pero los críticos sostienen que el gobierno parece menos interesado en mejorar el sistema que en desmantelarlo por completo.
“No podés desarmar el sistema y vaciarlo sin generar alternativas, dejás a las personas abandonadas”, advirtió Celeste Fernández, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con sede en Buenos Aires, que el año pasado encabezó una demanda exitosa contra el gobierno después de que Andis suspendiera 140.000 pensiones por discapacidad bajo sospecha de fraude.
En la mayoría de los casos, reconoció luego el gobierno, los beneficiarios simplemente no habían obedecido o no habían entendido la citación para asistir a evaluaciones presenciales, a menudo en oficinas situadas a cientos de kilómetros de sus hogares.
“No están haciendo una revisión seria”, afirmó Fernández. “Simplemente está vaciando el Sistema”.
