Santiago Paniagua / Redacción Q/I
Newark, NJ. — Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras, aplicar sus leyes migratorias y decidir quién puede permanecer legalmente en su territorio.
Esa facultad soberana, sin embargo, convive con límites constitucionales, garantías de debido proceso y derechos que también protegen a personas que no son ciudadanos estadounidenses.
La política migratoria del presidente Donald Trump ha convertido esa tensión en uno de los debates más profundos de su segundo mandato.
Su administración ha impulsado una campaña de deportaciones masivas y ha ampliado considerablemente los arrestos migratorios.
Solo en agosto de 2026, ICE realizó cerca de 51,000 arrestos, mientras que menos de una cuarta parte de los detenidos en julio tenía condenas criminales, según datos gubernamentales analizados por Reuters.
Es precisamente ahí donde surge una pregunta legítima: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre de hacer cumplir la ley sin afectar las libertades que esa misma ley está obligada a proteger?
No toda persona indocumentada es delincuente peligroso.
No es lo mismo perseguir a alguien condenado por asesinato, narcotráfico o violencia que detener a un trabajador que lleva años levantándose de madrugada para trabajar en la construcción, agricultura, restaurantes, hoteles o servicios mientras mantiene una familia.
Los datos ayudan a separar la realidad de la retórica. Los inmigrantes indocumentados trabajan en prácticamente todos los sectores de la economía estadounidense.
En 2023 representaban aproximadamente el 15 % de los trabajadores de la construcción y 14 % de los trabajadores agrícolas; en determinadas ocupaciones agrícolas, de construcción y servicios su presencia era todavía mayor.
Eso no significa que realicen literalmente “los trabajos que los estadounidenses no hacen”, pero sí demuestra que constituyen una parte importante de sectores esenciales de la economía.
Resulta además imposible ignorar la paradoja histórica de que una nación construida durante generaciones por inmigrantes contemple hoy escenas de familias aterrorizadas por una detención o deportación.
En el caso personal de Trump también existe una historia migratoria, aunque debemos precisar un dato importante: sus padres no eran inmigrantes indocumentados.
Su madre, Mary Anne MacLeod, nació en Escocia y emigró a Estados Unidos en 1930; su padre, Fred Trump, nació en Nueva York y era hijo de inmigrantes alemanes.
Por tanto, sería incorrecto atribuir las políticas actuales del presidente a que fuera “hijo de inmigrantes indocumentados”.
La crítica más sólida no necesita apoyarse en ese dato incorrecto. Está en las propias políticas y en la extraordinaria utilización de recursos gubernamentales para ampliar arrestos, detenciones y deportaciones.
Los tribunales ya están examinando algunos de esos límites. Recientemente, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito determinó que una política de detención obligatoria de determinados inmigrantes sin oportunidad de una audiencia de fianza era ilegal.
Otros tribunales de apelaciones han llegado a conclusiones diferentes, creando una controversia jurídica que podría terminar ante la Corte Suprema.
La administración sostiene que sus medidas están respaldadas por la legislación migratoria y ha defendido judicialmente su autoridad para aplicarlas.
También existen nuevas demandas contra la administración por su política de “carga pública”, que permitiría considerar determinados beneficios públicos al decidir solicitudes de residencia permanente.
Los estados y ciudades demandantes argumentan que la medida excede la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional; el Gobierno sostiene que busca impedir que futuros residentes dependan principalmente de beneficios públicos.
Será nuevamente la Justicia la encargada de determinar dónde están los límites legales.
Por eso el debate debe trascender a Trump y a cualquier otro presidente. La Constitución no puede depender de quién ocupa temporalmente la Casa Blanca.
El poder ejecutivo es enorme, pero no absoluto. Estados Unidos fue construido sobre una separación de poderes precisamente para impedir que la autoridad de una persona sustituya permanentemente a las instituciones.
Se puede exigir seguridad fronteriza sin deshumanizar al inmigrante. Se puede deportar conforme a la ley sin convertir comunidades enteras en objeto de sospecha.
Se puede combatir el crimen sin presentar al trabajador latino como enemigo de la nación.
Y también debemos reconocer otra realidad: la comunidad latina no piensa de manera uniforme.
Una encuesta nacional de Pew encontró que 65 % de los adultos latinos desaprobaba el manejo migratorio de la administración Trump y 71 % consideraba excesivos sus esfuerzos de deportación; al mismo tiempo, cerca de siete de cada diez opinaban que al menos algunos inmigrantes indocumentados deberían ser deportados.
Es decir, existe espacio para defender el cumplimiento de la ley y cuestionar simultáneamente la amplitud de determinadas tácticas de aplicación.
La historia estadounidense ha demostrado que las decisiones tomadas en momentos de miedo, enojo o polarización terminan siendo juzgadas mucho después de que quienes las ordenaron abandonan sus cargos.
Los presidentes llegan y se van. Las mayorías políticas cambian. Las órdenes ejecutivas pueden ser modificadas, anuladas o cuestionadas por los tribunales.
Pero las heridas causadas a una familia, a una comunidad o a la confianza de millones de personas en sus instituciones pueden durar generaciones.
Porque existe una sentencia que ningún gobernante puede cambiar por decreto: el poder no dura para siempre.
