CAMPECHE, México (AP) — Políticos y jueces intentan cada vez más cercar las libertades de prensa en México, lo que genera preocupación entre los grupos de defensa del periodismo.
En 2025 se presentó una nueva demanda contra periodistas o medios de comunicación cada seis días en México, 69 casos en total, el triple que el año anterior, según Artículo 19, una organización que vigila la libertad de prensa.
Los políticos han descubierto que las demandas son “una forma mucho más eficaz de silenciar a la prensa porque dan la impresión de legalidad”, afirmó Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas.
Antes los críticos se silenciaban con dinero, ahora con demandas
Tribuna, un diario de 50 años de antigüedad en el estado sureste de Campeche, se convirtió en el medio insignia durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el estado durante casi un siglo.
Luego, Layda Sansores, del partido gobernante Morena, ganó la elección para la gubernatura en 2021. Y las cosas cambiaron rápidamente.
Retiró de Tribuna la publicidad gubernamental, que era necesaria para que el periódico pudiera seguir publicándose.
Inició su propio programa de televisión para promover su administración y denigrar a periodistas, entregando premios al estilo Óscar —llamados el “Pinocho de Oro”— a los periodistas que consideraba los mayores “mentirosos”.
Tribuna publicó columnas arremetiendo contra ella, y esas columnas a veces iban más allá de su política. Las críticas se intensificaron con ataques específicos por razón de género y homófobos.
Luego, en 2024, Tribuna, asfixiada por la falta de ingresos, dejó de imprimirse aunque continuó publicando en línea, incluidos artículos mordaces contra Sansores.
Sansores respondió con varias denuncias civiles y penales contra Jorge Luis González, quien fue su editor durante tres décadas y continúa como colaborador, alegando daño moral, violencia política de género y discurso de odio.
A mediados de 2025, uno de los casos penales de Sansores contra González llevó a jueces a prohibirle ejercer el periodismo durante dos años y a imponer que un censor judicial revisara los artículos de Tribuna antes de su publicación en línea.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa denunciaron enérgicamente la decisión, al sostener que la censura previa es inaceptable y advertir que la resolución podría sentar un precedente.
González señaló que apeló de inmediato las medidas y que un juez las suspendió temporalmente mientras se emite un fallo definitivo del caso.
Sansores ha negado perseguir o censurar a la prensa y afirma que sus demandas son para proteger a las mujeres. No respondió a solicitudes de comentarios.
Varios reporteros locales dicen que ella también cambió la forma en que las autoridades intentan controlar a la prensa.
Ahora los funcionarios de Campeche les frenan con demandas, comentó Ronny Aguilar, periodista local y creador de contenido digital.
La criminalización de la prensa, una tendencia mundial
Reporteros Sin Fronteras ha denunciado el uso creciente y generalizado de las leyes como armas contra la prensa, especialmente en América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió a reporteras de tres medios de comunicación ingresar a la Casa Blanca, intensificando sus esfuerzos en los tribunales o mediante acciones administrativas.
The Associated Press también presentó una demanda tras la decisión del presidente el año pasado de impedir el acceso de reporteros de AP al Despacho Oval, al Air Force One y a algunos eventos, en represalia por la decisión del medio de no acatar su decisión de cambiar el nombre del golfo de México, que se encuentra parcialmente en aguas mexicanas y de otros países.
En México, la conversión del sistema judicial en un arma ocurre en medio de un aumento de asesinatos de periodistas.
Siete periodistas han sido asesinados este año, cinco de ellos en menos de tres meses, uno de los repuntes más mortíferos en más de una década, según el CPJ.
Algunos de los que han sido blanco de demandas, incluido el reportero de crimen de Veracruz Rafael León, reconocen que la experiencia ha cambiado su manera de trabajar.
Aunque los cargos de terrorismo contra León fueron retirados tras una intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ahora reportea menos y trabaja con miedo, contó.
Sheinbaum ha suavizado el tono hostil que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, utilizaba hacia algunos periodistas, pero una nueva regulación federal para proteger los “derechos de las audiencias”, que entrará en vigor este mes, ha alarmado a los observadores de la libertad de prensa.
La presidenta insiste en que la norma protegerá mejor el derecho del público a quejarse de cualquier publicación sin que ello conduzca a la censura. Algunos grupos temen que pueda permitir al estado intervenir en ciertas disputas antes de las elecciones de 2027 en México.
Las leyes vagas son peligrosas, advierte un experto de la ONU
Leopoldo Maldonado, relator especial de la ONU sobre libertad de expresión, advirtió que, aunque los gobiernos pueden tener razones legítimas para combatir la desinformación o el discurso de odio, las leyes que convierten al Estado y a los jueces en árbitros de la verdad “por lo general terminan muy mal”.
Entre otros problemas, explicó, esas leyes suelen basarse en conceptos vagos que no deberían abordarse mediante el derecho penal.
La legislación dirigida contra las noticias falsas ha resultado problemática en Turquía, Malasia y Singapur, indicó Maldonado. Las leyes antiterroristas en la región africana del Sahel “se usan contra la oposición política” y contra periodistas que cubren conflictos armados allí.
Al citar el ejemplo de Rusia, advirtió que el uso del término “agentes extranjeros” para restringir el periodismo se está extendiendo por el continente americano.
Muchos funcionarios públicos alimentan campañas de odio y existe la necesidad de regular el poder excesivo de los propietarios de plataformas digitales y dar a la sociedad civil una mayor voz en ese proceso, sostuvo Maldonado.
En Campeche, la Comisión estatal de Derechos Humanos y activistas están promoviendo legislación para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas.
Mientras tanto, en el edificio que alguna vez albergó la redacción de Tribuna, computadoras empacadas en cajas esperan ser vendidas, las oficinas permanecen vacías y las rotativas están inactivas. Solo un estudio de televisión sigue en funcionamiento.
La grabación del programa semanal de comentarios políticos en video de González continúa. Y también continúan las demandas de funcionarios gubernamentales contra periodistas.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
