Dirección Provincial Espaillat y Secretaría de Agua Potable y Saneamiento denuncian retrasos, recortes y reducción de beneficiarios en el proyecto financiado por el Banco Mundial
Moca, provincia Espaillat. – La Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo en Espaillat y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de esa organización afirmaron este lunes que el Gobierno dominicano carece de autoridad moral para pedir paciencia a los residentes de Moca, Gaspar Hernández y otras comunidades afectadas por la falta de agua potable.
Las entidades señalaron que, en lugar de solicitar más tiempo, las autoridades debieron pedir perdón por los retrasos, incumplimientos y recortes acumulados en el proyecto financiado por el Banco Mundial para mejorar el abastecimiento de agua potable y los servicios de saneamiento en la provincia Espaillat.
La Fuerza del Pueblo recordó que el proyecto para Moca y Gaspar Hernández, con una inversión de US$43.5 millones, fue presentado como una solución estratégica para mejorar los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, sostuvo que la documentación disponible evidencia serias fallas en su ejecución.
El proyecto debía concluir en mayo de 2026, pero tuvo que ser reestructurado y extendido hasta mayo de 2028 debido a retrasos significativos, debilidades técnicas, problemas de gestión y falta de capacidad gerencial.
“Este Gobierno no puede venir a pedir paciencia a una población que lleva años esperando agua. Lo que debió hacer fue pedir perdón: por las promesas incumplidas, por la mala planificación, por la baja ejecución y por haber llevado un proyecto tan necesario a una reestructuración que no solo retrasa las obras, sino que reduce el alcance de las soluciones prometidas”, expresaron.
Más tiempo, pero menos obras
La organización opositora advirtió que el problema no se limita a la ampliación del plazo de ejecución. Según los documentos revisados, la reformulación del proyecto contempla una reducción concreta de las obras, las metas y la cantidad de beneficiarios.
Esto significa, explicó, que la población no solo tendrá que esperar dos años adicionales, sino que recibirá menos de lo originalmente anunciado.
Entre las reducciones más significativas, la Fuerza del Pueblo citó las siguientes:
- Los medidores de agua que serían instalados disminuyeron de 10,000 a 2,500, apenas una cuarta parte de la meta original.
- Las redes de distribución de agua potable que serían rehabilitadas bajaron de 50 a 20 kilómetros.
- Los beneficiarios de nuevas conexiones de agua potable se redujeron de 12,750 a 7,500.
- Las personas que tendrían acceso a agua potable gestionada de forma segura disminuyeron de 123,000 a 117,750.
- Los beneficiarios con nuevo acceso al alcantarillado sanitario bajaron de 47,440 a 37,950.
- Las personas con acceso a sistemas mejorados de tratamiento de aguas residuales se redujeron de 90,000 a 72,000.
En el caso de Moca, la red que sería rehabilitada disminuyó de 157 a 100 kilómetros; las estaciones de bombeo fueron reducidas de tres a dos, y de las nueve pequeñas plantas de tratamiento descentralizadas contempladas originalmente, solo serían construidas tres.
En Gaspar Hernández, la nueva red de alcantarillado fue reducida de 31 a 20 kilómetros, mientras que fueron canceladas las seis pequeñas plantas de tratamiento descentralizadas previstas para la zona oriental de la ciudad.
Denuncian incapacidad gerencial
La Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento afirmaron que estas cifras demuestran que la gestión gubernamental no ha estado a la altura de las necesidades de la población ni de la magnitud de los recursos comprometidos.
“Estamos hablando de un proyecto financiado mediante deuda externa, con el respaldo del Banco Mundial y destinado a resolver problemas esenciales de agua potable y saneamiento. Sin embargo, por incapacidad técnica y gerencial, el Gobierno lo ha llevado a una situación vergonzosa: más tiempo de espera, menos obras, menos beneficiarios y mayor incertidumbre para las comunidades”, manifestaron.
Las entidades advirtieron que la nueva fecha de cierre, fijada para mayo de 2028, tampoco constituye una garantía automática de cumplimiento.
A su juicio, el proyecto solo podría concluir en ese plazo si el Gobierno mejora sustancialmente su capacidad de planificación, contratación, supervisión y ejecución, competencias que, según afirmaron, han sido puestas seriamente en duda durante los últimos cinco años.
“Si en cinco años no han demostrado capacidad para ejecutar con eficiencia, no basta con anunciar que ahora terminarán en 2028. La población de Espaillat tiene razones legítimas para desconfiar. El Gobierno debe presentar un cronograma serio, metas verificables, responsables claramente identificados y consecuencias para quienes permitieron que el proyecto se retrasara y redujera”, plantearon.
Exigen transparencia y rendición de cuentas
Finalmente, la Dirección Provincial de la Fuerza del Pueblo en Espaillat y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento anunciaron que mantendrán una vigilancia permanente sobre el desarrollo del proyecto y exigirán transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de las obras comprometidas.
“Este proyecto no es un favor del Gobierno; responde a un derecho fundamental de la población. Los moradores de Moca, Gaspar Hernández y toda la provincia Espaillat merecen respeto. Y respetar a la gente significa decir la verdad, cumplir los compromisos y ejecutar las obras prometidas, no pedir paciencia mientras se reducen las soluciones”, concluyeron.
Esta versión queda lista para enviarse a los medios como nota de prensa institucional.
