Santo Domingo. El socio de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), Hanly Darico Terrero Ramírez, interpuso una demanda en rendición de cuentas, exhibición de documentos y designación de secuestrario judicial ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
La acción judicial procura que COOPNAMA rinda cuentas completas, documentadas y verificables sobre su gestión administrativa, financiera, patrimonial y societaria correspondiente al período 2023-2026, así como la entrega de libros contables, estados financieros, contratos, nóminas, informes de auditoría, expedientes de suplidores y demás documentos institucionales de interés para los asociados.
La demanda sostiene que, pese a múltiples solicitudes formales realizadas durante los años 2025 y 2026, la cooperativa ha mantenido una conducta de negativa parcial y restricción de acceso a informaciones consideradas esenciales para el ejercicio de fiscalización por parte de los socios.
Asimismo, se solicita al tribunal la designación de un secuestrario judicial independiente, escogido de una terna propuesta por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), con la finalidad de custodiar, preservar y verificar la integridad de los libros y documentos societarios y contables de la institución.
El demandante argumenta que la medida busca garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio colectivo de más de 200 mil asociados, ante la imposibilidad de acceder a documentación relevante para evaluar la legalidad y corrección de la gestión administrativa y financiera de la cooperativa.
Entre las medidas solicitadas figura también la realización de una auditoría forense judicial independiente sobre contratos, gastos de publicidad, nómina institucional, viáticos, gastos de representación, contrataciones de suplidores y ejecución presupuestaria correspondiente a los años 2023-2026.
La acción judicial fundamenta sus pretensiones en disposiciones constitucionales, la Ley 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, el Código Civil Dominicano y precedentes jurisprudenciales relacionados con el derecho de acceso a la información, la obligación de rendición de cuentas y la adopción de medidas conservatorias para la protección de bienes e intereses colectivos.
El caso queda ahora bajo conocimiento de la jurisdicción competente, que deberá decidir sobre la procedencia de las medidas solicitadas y el alcance de la rendición de cuentas requerida a COOPNAMA.
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