SANTO DOMINGO.R.D.– El Ministerio Público afirmó que ha documentado autorizaciones médicas que fueron facturadas y cobradas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), pese a que los procedimientos correspondientes no habrían sido realizados, como parte de las evidencias recopiladas en la investigación que dio lugar a la Operación Cobra 2.0-A.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ofreció las declaraciones luego de que el juez Rigoberto Sena, aplazara para este miércoles 23 de septiembre el conocimiento de la medida de coerción contra 26 personas arrestadas en el marco de la investigación.
“El Ministerio Público ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al SeNaSa, procedimientos que no fueron realizados”, afirmó Ortiz.
La representante del Ministerio Público, explicó que la investigación apunta a un presunto esquema organizado desde el SeNaSa, en el que habrían participado exempleados de la institución y médicos con códigos asignados para prestar servicios a los afiliados.
Ortiz, indicó que el órgano acusador, acudió preparado para conocer la audiencia, pero las defensas solicitaron tiempo para estudiar las numerosas evidencias depositadas por el Ministerio Público.
La audiencia fue aplazada luego de que, además, se incorporara al proceso a la doctora Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades el pasado lunes. El tribunal fijó la continuación para las 2:00 de la tarde del miércoles 23 de septiembre de 2026.
El Ministerio Público, solicitará que el proceso sea declarado caso complejo y que se imponga prisión preventiva por 18 meses a los 26 imputados.
Entre los procesados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez, además de la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y otros profesionales de la medicina.
La solicitud también alcanza a los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Asimismo, el Ministerio Público, incluye a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales, sostienen que existen múltiples hechos, víctimas y posibles implicados, además de elementos que, según la acusación, podrían configurar un esquema de delincuencia organizada, razones por las que solicitan que el caso sea declarado complejo.
La Operación Cobra 2.0-A, constituye una segunda etapa de una investigación que inició con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó el año pasado a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, señalado por el órgano acusador como presunto cabecilla del entramado.
También, fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Según el Ministerio Público, a los involucrados se les atribuyen presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La investigación, también contempla alegadas prácticas de soborno, adulteración de estados financieros y programas especiales que, de acuerdo con la acusación, habrían sido utilizados para desviar recursos públicos.
Como parte de otras líneas investigativas, relacionadas con presuntas maniobras fraudulentas que habrían afectado recursos vinculados al sistema de salud, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco14.
En ese operativo fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, vinculados por la acusación a presuntas irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
El Ministerio Público, sostiene que estas investigaciones forman parte de sus acciones para perseguir estructuras que, según sus alegaciones, habrían sustraído recursos del Estado.
La audiencia de medida de coerción contra los imputados de la Operación Cobra 2.0-A continuará este miércoles 23 de septiembre a las 2:00 de la tarde.
