CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, negó el jueves la existencia de un acuerdo con Estados Unidos para llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico en territorio guatemalteco.
Estas declaraciones se producen después de que The New York Times informara de que la nación centroamericana acordó llevar a cabo ataques conjuntos.
Este caso es el más reciente de una serie de tensiones entre la administración Trump y los gobiernos latinoamericanos que buscan lograr un equilibrio entre la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el mantenimiento de la soberanía.
“No existe ningún acuerdo. Se trata de una solicitud que se enmarca dentro de los acuerdos vigentes en varios países”, declaró Arévalo en una rueda de prensa.
“Lo que estamos firmando son tipos de colaboración que ya se venían dando en el pasado. Llevamos a cabo interceptaciones marítimas en las que Estados Unidos ha colaborado con capacitación, desarrollo de capacidades y equipamiento”, dijo Arévalo.
Afirmó que las acciones del gobierno están en conformidad con la ley guatemalteca y la Constitución.
“El único organismo que puede autorizar operaciones con soldados en territorio guatemalteco es el Congreso de la República. El gobierno guatemalteco no solicita esta cooperación ni tiene planes de hacerlo”, declaró el presidente.
Al ser preguntado sobre el supuesto acuerdo, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, dijo que no podía «especular sobre operaciones futuras ni hablar de asuntos de seguridad operativa», pero enfatizó que el Departamento de Guerra trabaja con socios en la región para combatir el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.
El gobierno guatemalteco también publicó un comunicado de prensa y dos cartas en las que su ministro de Defensa analiza las operaciones militares conjuntas en virtud de acuerdos preexistentes con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.
La muerte en abril de dos agentes de la CIA en el norte de México, tras una operación para destruir un laboratorio de drogas, puso de manifiesto la presencia de agentes estadounidenses en Latinoamérica y suscitó interrogantes sobre la creciente implicación de Estados Unidos en la región.
En los días posteriores, las autoridades mexicanas ofrecieron versiones contradictorias sobre la cantidad de información que el país poseía respecto a la participación de los agentes de la CIA.
El gobierno mexicano reconoce la presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano, pero afirma que no pueden participar en operaciones sobre el terreno.
