Editorial
La República Dominicana inicia la semana estremecida por el asesinato de una joven madre, un trágico suceso que deja en la orfandad a niños que, para colmo de males, fueron testigos del crimen.
Se trata de un cuadro desgarrador que impacta a una sociedad impotente y frustrada ante la persistencia de estos asesinatos, tipificados legalmente como feminicidios.
En lo que va de 2026, más de 30 de estos crímenes han enlutado al país. Mientras el resto del mundo experimenta un descenso generalizado en estas estadísticas, la República Dominicana destaca negativamente entre las naciones con mayor incremento en la tasa de feminicidios.
¿Qué hacer? Es la pregunta obligada ante la indignación de una población que suma estas tragedias a las asfixiantes limitaciones económicas: la falta de empleo, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y el deterioro progresivo de los servicios públicos.
Más allá de las frías estadísticas y los partes policiales, con la muerte de cada víctima se desvanecen proyectos de vida, se tronchan carreras profesionales y se destruye la ilusión de criar a los hijos en un entorno seguro.
Muchas de las mujeres asesinadas eran el motor de sus hogares: estudiantes, emprendedoras y figuras centrales de la estructura familiar.
La violencia de género responde a una combinación de factores sociales, educativos y de debilidad institucional.
Entre ellos destacan la ausencia de políticas públicas eficientes y la falta de una autoridad competente, como denunció recientemente el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols.
Frente a cada reporte trágico abundan los anuncios y las declaraciones de los funcionarios; sin embargo, el gobierno del PRM sigue sin ejecutar acciones concretas y articuladas.
Al igual que en otras áreas prioritarias, al Gobierno se le ha ido este tema de las manos, sembrando el miedo y la consternación en la ciudadanía.
¡Basta ya de retórica vacía! La sociedad demanda firmeza, presupuesto y menos demagogia.
