El coordinador del Consejo de Seguimiento llama a los empresarios del sector a suspender de inmediato cualquier cambio de estatus en sus actividades para evitar cuestionamientos.
SANTO DOMINGO. – El coordinador del proceso de regularización y encargado del Consejo de Seguimiento de la Lotería Nacional, Teófilo «Quico» Tabar, advirtió a los empresarios, empleados y funcionarios vinculados al sector de los juegos de azar que, tan pronto el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley que crea la Dirección General de Juegos, propondrá una revisión detallada de todas las actividades operadas fuera de los límites decretados.
A través de un comunicado oficial, Tabar fijó su posición ante los recientes desacuerdos en aspectos «no fundamentales» surgidos en el Poder Legislativo entre congresistas y propietarios de bancas.
Atribuyó estas diferencias al intríngulis del negocio y a intereses de grupos sobre los cuales prefirió no emitir juicios de valor.
En ese sentido, el funcionario formuló un llamado urgente a detener de inmediato cualquier decisión que altere el estatus actual de las bancas y concesionarias.
«Invitamos a la suspensión inmediata de cualquier decisión que implique cambio de estatus en las actividades de juegos de azar, a fin de que no puedan ser vinculados a acciones eventualmente cuestionadas», enfatizó.
Reactivación y mayor control
Tabar recordó que asumió la responsabilidad de coordinar este proceso mediante el Decreto 63-22 en febrero de 2022.
Explicó que, debido a limitaciones en las reglamentaciones oficiales que frenaron las acciones iniciales, el presidente Luis Abinader emitió el nuevo Decreto 197-26 en marzo de este año, reactivando el Consejo de Seguimiento y otorgándole al coordinador potestad absoluta sobre la totalidad de los juegos de azar del país, más allá de las loterías.
A pesar de que el Consejo aún se encuentra a la espera de que organismos superiores dicten normativas complementarias para ejercer plenamente estas amplias facultades, Tabar fue tajante sobre el destino de las operaciones que se ejecuten al margen de lo establecido: cualquier vigencia o validación posterior tendrá que ser sometida rigurosamente ante el organismo autorizado por la nueva legislación.
Finalmente, el funcionario justificó su rol y el del selecto grupo que le acompaña como un esfuerzo necesario para corregir un escenario de desorden tolerado durante años por el propio Estado, la sociedad y los empresarios.
Confió en que la iniciativa legislativa del Ejecutivo permita esclarecer y limpiar el sector «sin cortapisas», iniciando por la corrección inmediata de todo lo que haya incumplido con las reglas del juego.
