SANTO DOMINGO.R.D.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra dos hombres acusados de someter a varios niños, niñas y adolescentes a maltrato físico y psicológico, además de trabajo o servicio forzado, en un inmueble donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
Los imputados Ángel Gabriel Capellán, alias “el Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, fueron sometidos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para este jueves 3 de septiembre de 2026.
La petición fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto a las fiscales Ramona Santana, titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
La investigación se activó luego de que uno de los menores lograra escapar del lugar y acudiera a un destacamento policial para alertar sobre las condiciones en que permanecían los demás niños.
A partir de esa denuncia, el Ministerio Público y otros organismos ejecutaron, entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto, allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, donde fueron rescatados 13 niños, niñas y adolescentes, con edades entre cuatro meses y 13 años.
De acuerdo con la investigación, los menores presentaban signos de maltrato físico y psicológico. El inmueble intervenido funcionaba bajo la apariencia de una fundación y un espacio religioso ubicado en una finca.
Entre los hallazgos de la investigación figura la evaluación médico-legal de la víctima que realizó la denuncia, quien presentó múltiples lesiones y quemaduras de segundo grado en ambas manos, según consta en la solicitud de coerción.
Una evaluación psicológica forense estableció además que el menor no asistía a la escuela y era obligado a realizar labores con madera destinadas a la construcción de una vivienda, además de ser sometido de manera constante a castigos y maltratos físicos.
Las autoridades también establecieron que, tras el arresto de Capellán, Muñoz Rodríguez, habría trasladado a varios menores desde el inmueble de la fundación hacia una vivienda ubicada en el sector El Carril, Los Solares, donde posteriormente fueron realizadas diligencias de investigación con autorización judicial.
En esos registros fueron encontradas pertenencias de menores de diferentes edades, incluyendo ropa, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos y recuerdos escolares, así como actas de nacimiento y otros documentos personales. También fueron ocupadas armas blancas.
El operativo contó con la participación de la Fiscalía de San Cristóbal y la PETT, con apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC). Las labores de protección estuvieron a cargo de la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
El Ministerio Público sostiene que la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) no contaba con autorización de la autoridad competente para funcionar como hogar de acogida de niños, niñas y adolescentes, por lo que su operación, incluyendo la recepción de fondos, donativos y otros mecanismos de captación de recursos, se desarrollaba al margen de la regulación legal.
La investigación permanece abierta, mientras el Ministerio Público, procura que los tribunales impongan prisión preventiva contra los dos imputados por los hechos que se les atribuyen.
