POR FRANKLIN BRICEÑO
LIMA (AP) — La conservadora Keiko Fujimori asumió el martes la presidencia de Perú con la promesa de frenar la alta criminalidad y mitigar los efectos del fenómeno climático El Niño, aunque no respondió a los pedidos más importantes de la oposición.
Juró ante el Congreso después de que legisladores opositores, con cintas negras en sus solapas, se retiraran al grito de “Justicia para las víctimas” en referencia a los 50 muertos en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 durante la gestión de la entonces gobernante Dina Boluarte, considerada aliada de Fujimori.
La hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) —fallecido en 2024 y 16 años preso por corrupción y asesinato— retornó más de un cuarto de siglo después al palacio presidencial donde vivió y fue primera dama tras el divorcio de sus progenitores en 1994.
Ahora lo hace como presidenta tras imponerse en junio en un reñido balotaje al progresista Roberto Sánchez con los votos decisivos del extranjero, en el que fue su cuarto intento por alcanzar el poder.
Pese a la inestabilidad política que antecedió a su triunfo —con ocho presidentes en la última década— Fujimori encontrará a un país con una economía estable y con el período más favorable para sus exportaciones de minerales desde 1950, según el Fondo Monetario Internacional.
Resolver la inseguridad, entre sus prioridades inmediatas
En su discurso Fujimori dijo que recibe un Estado “debilitado”, con “recursos mal utilizados” y en una situación “catastrófica”.
La presidenta, de 51 años, indicó que su gestión tendrá dos temas inmediatos por resolver: la recuperación de la seguridad ciudadana y la mitigación de los efectos del fenómeno climático global El Niño.
Aseguró que enfrentará a la delincuencia organizada, en particular las extorsiones, y que pondrá orden “allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado”.
Las denuncias por este delito pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.
La extorsión “asfixia al pequeño comerciante, al mototaxista, al emprendedor”, dijo la mandataria, que en campaña había prometido mano dura contra la violencia al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Fujimori indicó que las Fuerzas Armadas operarán junto a la policía en zonas en emergencia por la violencia y que adquirirá sistemas de videovigilancia y “plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito”.
La presidenta también señaló que su gobierno empleará “recursos extraordinarios” para afrontar El Niño, un calentamiento de las aguas del Pacífico cerca de la línea del Ecuador que afecta los patrones climáticos en el mundo.
Según los meteorólogos, podría igualar o superar al fenómeno de 1997 que causó daños debido a olas de calor, lluvias intensas, inundaciones, sequías, tornados e incendios forestales.
Fujimori añadió que esos recursos se usarán para limpiar y extraer los sedimentos de los ríos, crear defensas ribereñas, usar maquinarias en zonas críticas e impulsar el apoyo financiero y técnico para los agricultores afectados.
La nueva mandataria anunció a su vez un ambicioso plan social que buscará “mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, desde la gestación hasta la tercera edad”.
Fujimori prometió que reducirá a la mitad la desnutrición crónica —que afecta al 12% de los niños— y la pobreza, que alcanza al 22% de los menores de 11 años.
Dijo que relanzará un plan para que los estudiantes de escuelas públicas reciban alimentación. “Ningún niño puede aprender adecuadamente con hambre”, aseveró.
También se impulsará la inserción económica de los jóvenes, se ampliarán las becas para que adolescentes accedan a estudios superiores y se otorgará una pensión universal a los ancianos en situación de pobreza.
Más tarde, Fujimori nombró a los 19 miembros de su gabinete ministerial, incluido un canciller cercano a Estados Unidos. Escogió a un equipo encabezado por el primer ministro Luis Galarreta, a dos excandidatos presidenciales que compitieron con ella y a exministros de gobiernos pasados.
El general retirado del Ejército y senador fujimorista César Astudillo fue nombrado ministro del Interior, una cartera clave para combatir la delincuencia, la principal preocupación de los peruanos.
En Justicia designó a Ernesto Álvarez, quien fue primer ministro del expresidente José Jerí (2025-2026), y en Salud a Luis Dyer, sin experiencia en el rubro, pero exmiembro de su equipo de campaña.
También designó a los excandidatos presidenciales Rafael Belaunde para el sector Energía y Minas y a Carlos Espá como canciller. Espá ha criticado a China y trabajó en la embajada de Estados Unidos en Lima.
Pasa por alto pedidos de la oposición, pero tiende puente al diálogo
Fujimori no se refirió en su discurso a los pedidos de la oposición, incluida la derogación de leyes aprobadas por el anterior Parlamento dirigido por el fujimorismo que, según expertos, debilitan la lucha contra el crimen organizado.
También omitió otro pedido opositor para que se cree una comisión que investigue las muertes de 50 civiles a manos de la fuerza pública durante las manifestaciones de 2022 y 2023 que exigían nuevas elecciones y que surgieron tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).
Castillo fue condenado a 11 años de cárcel por conspiración para una rebelión y un sector de la oposición pide que Fujimori lo libere.
Los familiares de los fallecidos en las protestas no reconocen a Fujimori como presidenta y el martes poco antes de su asunción lavaron banderas rojiblancas.
Milagros Samillán, hermana de uno de los 50 civiles asesinados, indicó a la prensa que consideran a Fujimori responsable de blindar a la entonces mandataria Boluarte.
“La justicia está lejos de nosotros”, dijo Samillán, hermana de Marco Samillán, un estudiante de Medicina asesinado en 2023 por la fuerza pública cuando socorría a manifestantes heridos.
“Keiko Fujimori no nos representa, no es nuestra presidenta, lavamos la bandera que debería estar limpia, pero sigue manchada de sangre, injusticia, corrupción e impunidad”.
En la única alusión directa a los sectores de oposición en su discurso, la mandataria llamó a tender “los puentes del diálogo” y a pensar “en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.
