POR GARANCE BURKE and SONIA PÉREZ D.
En 2018, cuando apenas tenía 3 años, Ederson Galicia Alva fue arrancado de los brazos de su madre en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la política de separación familiar del primer gobierno de Trump y permaneció separado de ella durante meses en una instalación gubernamental.
Finalmente se reunieron después de que intervinieran abogados. Luego, en junio del año pasado, él y su madre fueron separados por segunda vez y, en última instancia, enviados de regreso a Guatemala, pese a las protecciones legales destinadas a mantenerlos juntos a ellos y a familias como la suya.
Tras casi un año en las tierras altas indígenas de Guatemala, la familia de Ederson finalmente pudo regresar a Florida la semana pasada, después de que un juez federal ordenara que el gobierno había actuado ilegalmente.
Ahora, ocho años después de que las separaciones forzadas en la frontera ordenadas por el presidente Donald Trump desataran indignación mundial y se detuvieran oficialmente, una investigación de The Associated Press encontró que el gobierno ha vuelto a separar a decenas de niños de sus familias, pese a un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos unidos.
Algunos de sus padres han estado meses encerrados en centros de detención migratoria, y otros fueron deportados a sus países de origen tras ser apartados otra vez de sus familias.
En algunos casos, funcionarios de inmigración que realizaban operativos dentro del país deportaron a personas pese a descubrir que, legalmente, no podían ser expulsadas, según correos electrónicos obtenidos por AP.
Estos son algunos puntos destacados del reportaje de AP:
Separaciones durante el segundo mandato de Trump
El segundo gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos ha prometido deportar a más de 1 millón de personas por año. Agentes federales han sacado a personas de sus comunidades con tal rapidez que, según la Brookings Institution, ahora los padres de decenas de miles de niños han sido detenidos.
Las separaciones familiares a menudo se ven distintas a las del primer mandato de Trump.
En 2018, Ederson y otros niños en la frontera fueron separados por la fuerza de sus padres, quienes fueron encarcelados por separado y acusados penalmente de ingreso ilegal.
Luego, el gobierno no pudo reunirlos durante meses porque la información de adultos y niños se mantenía en sistemas informáticos distintos.
Un juez prohibió al gobierno separar familias en la frontera y le ordenó reunirlas después de que la ACLU presentara una demanda colectiva.
Más tarde, un acuerdo judicial prohibió la mayoría de las separaciones familiares como medida disuasoria de la inmigración hasta diciembre de 2031.
Ahora, si los padres son arrestados o deportados en la campaña de deportaciones masivas del presidente, se les obliga a elegir si dejan a sus hijos atrás en Estados Unidos.
¿Qué dice el gobierno?
“El DHS cumple con todas las órdenes judiciales, incluso mientras ONG radicales buscan el foro más favorable y jueces activistas intentan frustrar nuestras operaciones”, afirmó la secretaria adjunta interina Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en respuesta a solicitudes de AP para comentar sobre las políticas del gobierno hacia las familias separadas.
Abogados del gobierno han sostenido en recientes escritos judiciales que no existen restricciones legales sobre “la autoridad estatutaria del gobierno para ejecutar órdenes de expulsión”.
Bis afirmó que hacer cumplir la ley migratoria “no es opcional”, y que “cada expulsión de un extranjero ilegal ayuda a restablecer el orden y reforzar el estado de derecho”.
A la familia de Ederson se le permitió regresar recientemente, pero su estatus sigue siendo incierto.
A finales de 2017, funcionarios de inmigración comenzaron a separar por la fuerza a padres e hijos en la frontera entre Estados Unidos y México, bajo una política impulsada por Stephen Miller, entonces asesor principal de políticas de Trump y ahora subjefe de despacho de la Casa Blanca.
La ACLU presentó una demanda colectiva en febrero de 2018 para detener la práctica, llamada Ms. L v. U.S. Customs and Immigration Enforcement, en nombre de una madre congoleña a la que el gobierno de Trump separó de su hija de 7 años.
Miles de familias habían sido desgarradas para cuando un juez ordenó al gobierno poner fin a las separaciones, al señalar que causaban un “daño duradero y atroz”.
Según el recuento más reciente de la ACLU, el número de padres e hijos separados, y de familiares afectados cubiertos por el acuerdo, es mucho mayor de lo que se informó previamente —más de 11.800— y, debido a que el gobierno deportó a tantas personas antes de que se prohibiera la práctica, quizá nunca se conozca el alcance total.
La ACLU también proporcionó a AP nuevos datos sobre miembros del grupo demandante de Ms. L que han sido detenidos y deportados durante el segundo mandato de Trump.
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Bajo un acuerdo de conciliación de 2023, los miembros del grupo demandante de Ms. L —incluidos padres separados, niños y otros familiares cercanos— obtuvieron protecciones legales especiales, vías hacia el asilo y acceso a abogados, permisos de trabajo y servicios de apoyo.
Y durante ocho años, defensores y abogados intentaron ayudar a las familias a reunificarse y recuperarse, y les ofrecieron desde colocación laboral hasta asesoramiento psicológico, beneficios destinados “a prevenir cualquier daño continuo causado por la separación inicial”, según el acuerdo.
A medida que las deportaciones han aumentado en el último año y medio, abogados dicen que muchas familias separadas han tenido más miedo de cumplimentar formularios del gobierno y no saben que pueden solicitar asilo, un beneficio clave del acuerdo que vence en diciembre.
El gobierno tampoco ha dicho si extenderá un contrato vigente, ya recortado, de servicios legales para familias que termina en agosto.
También se acerca otro plazo: miles de familias separadas deben solicitar antes de diciembre que se cancelen cualquier orden de expulsión pendiente, o perderán su capacidad de permanecer legalmente en Estados Unidos.
Cada mañana desde que Alva López fue deportada de regreso a Guatemala en junio pasado, revisaba su teléfono para saber cuándo podría volver su familia. El dinero empezó a escasear.
Los niños comenzaron a olvidar su jerga en inglés. Briseidy, ahora de 14 años, temía disranciarse de sus amigos estadounidenses.
Finalmente, hace dos semanas, llegó la noticia: el gobierno llevaría a su familia de regreso a Florida en un vuelo de American Airlines, por orden de un juez.
A finales de mayo, con pasaportes y documentos de viaje en mano, la familia voló a Miami. Ederson dijo que se sintió como un milagro. Pero poco después de aterrizar, funcionarios de inmigración comenzaron a interrogar a Alva López, a tomarle otra vez la foto y las huellas dactilares, y a examinar minuciosamente sus documentos.
Su estancia en Estados Unidos podría ser breve. Un funcionario de inmigración le concedió apenas dos semanas de permiso humanitario temporal.
El gobierno declinó comentar específicamente sobre el caso de Alva López.
“Aún no les he dicho a los niños” lo de las dos semanas de permiso temporal, comentó Alva López el primer día que despertó de regreso en el antiguo vecindario familiar en West Palm Beach. “Se van a preocupar de que vuelva a pasar lo mismo”, añadió.
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Burke informó desde San Francisco. Pérez informó desde San Martín Cuchumatán, Guatemala. La fotógrafa de AP Rebecca Blackwell en Miami contribuyó con información.
