Pro Consumidor, ordenó a Promociones BP La Romana y ACOGE depositar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, el contrato de compraventa del proyecto y el reglamento de la Urbanización Residencial Playa Nueva Romana, con el propósito de que sean revisados y posteriormente registrados.
SANTO DOMINGO.RD. — El conflicto entre propietarios, adquirientes y la administración del proyecto inmobiliario Playa Nueva Romana toma un nuevo giro luego de que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), acogiera una denuncia presentada por un grupo de propietarios y adquirientes, respaldada por la Junta de Vecinos del complejo ubicado en la provincia San Pedro de Macorís.
La decisión, contenida en la resolución número 1739-26, de fecha 23 de septiembre de 2026 y comunicada el pasado 5 de octubre, establece violaciones a varias disposiciones de la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor, atribuidas a las empresas Promociones BP La Romana, S.R.L. y Administración Comunidad General BPR (ACOGE), vinculadas al Grupo Piñero, conglomerado con amplia presencia en el país a través de su cadena hotelera Bahía Príncipe.
Uno de los puntos que más ha encendido los reclamos de los residentes, es la promoción de una marina que, según la denuncia acogida por Pro Consumidor, lleva más de 15 años incluida en la oferta del proyecto sin que haya sido construida.
A esto se suman cuestionamientos relacionados con la información suministrada a los residentes sobre los pesticidas utilizados dentro del proyecto y la calidad del agua, aspectos que los denunciantes consideran sensibles por su posible impacto en la seguridad y bienestar de quienes viven en el complejo.
Pro Consumidor ordena entregar contratos y reglamentos
Como parte de su decisión, Pro Consumidor, ordenó a Promociones BP La Romana y ACOGE depositar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, el contrato de compraventa del proyecto y el reglamento de la Urbanización Residencial Playa Nueva Romana, con el propósito de que sean revisados y posteriormente registrados.
La institución también advirtió que, el incumplimiento de la resolución, así como la falta de entrega de la correspondiente constancia de cumplimiento, podría provocar el inicio de un procedimiento sancionador, conforme a las disposiciones de la Ley 358-05.
La resolución declara la violación de los artículos 33, literales c) y d); 75; 82; 88; y 98, literales b) y f) de la legislación que protege los derechos de los consumidores.
Un nuevo capítulo para el Grupo Piñero
El caso adquiere mayor relevancia debido a que, según los denunciantes, esta sería la segunda ocasión en que el Grupo Piñero, enfrenta señalamientos similares ante organismos de protección al consumidor, con una resolución favorable a consumidores denunciantes.
Los propietarios también, han puesto sobre la mesa antecedentes de reclamaciones contra proyectos vinculados al grupo en otros destinos turísticos. En 2021, según la documentación aportada por los denunciantes, se produjo en México, un proceso de reclamo relacionado con alegaciones de publicidad engañosa e incumplimientos contractuales en el proyecto Tulum Country Club, en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde intervino la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Una decisión que podría sentar precedente
Para los propietarios y residentes que respaldaron la denuncia, la resolución representa un paso importante en la defensa de sus derechos y podría convertirse en un precedente para otros adquirientes e inversionistas de proyectos inmobiliarios en República Dominicana.
El mensaje de fondo es claro: las condiciones ofrecidas al consumidor y las obligaciones establecidas en contratos y reglamentos no pueden quedar sujetas a interpretaciones unilaterales ni ser modificadas de manera arbitraria.
Pro Consumidor, concedió a las empresas un plazo de 30 días ,para ejercer los recursos correspondientes, incluyendo el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Mientras tanto, los propietarios y residentes esperan que la decisión se traduzca en acciones concretas y en el cumplimiento de las obligaciones reclamadas durante años.
El conflicto vuelve a colocar bajo el reflector la responsabilidad de las empresas que, desarrollan y administran grandes proyectos inmobiliarios frente a quienes depositan sus recursos, expectativas y patrimonio en ellos.
