Raúl Martínez
El autor es abogado
Siempre me he ufanado de ser una persona optimista. Una de esas que percibe el vaso “medio lleno”, en contraste con las recurrentes voces agoreras para las que el vaso se encuentra – invariablemente – “medio vacío”.
Esta risueña perspectiva del mundo que me rodea no está exenta de peligros, pues a veces se encuentra con realidades desoladoras, capaces de demoler las ilusiones del más gallardo combatiente. Eso es lo que me pasa cuando pienso en la situación que atraviesa nuestro país en lo que tiene que ver con la regulación de los juegos de azar, muy especialmente cuando se examina un proyecto de ley aprobado el miércoles pasado – en primera lectura – por el Senado de la República, a partir de una iniciativa que les fuera enviada, hace unos meses, por el mismísimo presidente de la República.
No todos los juegos de azar son iguales.
Me refiero al proyecto de “Ley General de Juegos de Azar”, desde del cual se sientan las bases para que en nuestro país cualquier persona pueda acceder al consumo de toda clase de juegos de azar, incluyendo los que – por su naturaleza especialmente adictiva – en casi todas las naciones civilizadas están reservados a espacios estrictamente controlados y vigilados.
Para los que no tenemos afición por los juegos de azar, parecería que todos los que se ofrecen al público son similares, y generan las mismas consecuencias. No es así. Los sorteos de base numérica (como quinielas, palés o tripletas) y las apuestas a los deportes profesionales son considerados como menos problemáticos que los denominados juegos electrónicos virtuales (máquinas tragamonedas, ruletas electrónicas o juegos de casinos en general), pues estos últimos generan una mayor probabilidad de que el apostador quede atrapado por la ludopatía.
En los juegos de azar electrónicos o virtuales el apostador recibe un constante estímulo para seguir jugando, pues se trata de operaciones que discurren a mayor velocidad y se encuentran siempre disponibles, logrando una inmersión psicológica de un usuario que sigue apostando sin detenerse, ya que forja una ilusión de control sobre el juego y siempre alberga la esperanza de que en algún momento obtendrá el premio anhelado. Es por esta razón que algunos investigadores consideran a esta modalidad de juego de azar como el “crack-cocaína de las apuestas”.
Las reglas del juego en la actualidad.
Reconociendo la especial peligrosidad de los juegos de azar electrónicos o virtuales, el legislador dominicano ha actuado con moderación al permitir la comercialización de estos.
Así, el formato más conocido de este tipo de juegos, las denominadas “máquinas tragamonedas”, sólo es permitido en nuestro país desde la promulgación de la Ley Núm. 96-88, que únicamente autorizaba la instalación de estos artefactos en los casinos, pues se trataba de espacios sujetos a un riguroso control y fiscalización, que sólo podían operar en hoteles de primera categoría-
Posteriormente, mediante la Ley Núm. 29-06, se permitió la instalación de máquinas tragamonedas en las bancas de apuestas a los deportes profesionales, pero con sujeción al cumplimiento de requisitos específicos.
De tal suerte, conforme a la ley vigente una banca de apuestas deportivas sólo puede instalar máquinas tragamonedas si cuenta con locales cerrados y seguros, con acondicionador de aire y cristales que no permiten mirar hacia el interior, además de colocar un rótulo visible que indique la prohibición de entrada a los menores de edad a dichos establecimientos. Más aún, entre una banca de apuestas a los deportes y profesionales y otra debe mediar una distancia de 500 metros lineales.
Irrupción de nuevas tecnologías y voracidad empresarial.
Sin embargo, al tomar dichas medidas normativas, dirigidas a evitar la proliferación indiscriminada de esta modalidad de juegos de azar, el legislador dominicano no pudo prever los efectos de la trepidante revolución tecnológica.
Y es que, para el año 2006, época en que se aprobó la ley mencionada en el párrafo anterior, sólo se contaba con las máquinas tragamonedas como vehículo para ofrecer los juegos propios de los casinos fuera de estos establecimientos. Sin embargo, dos décadas después la realidad es otra.
Dicha modalidad de juego de azar, revestida de una especial peligrosidad, ya puede ser ofrecida al público mediante la instalación de una computadora y un monitor de televisión, a través de un software que controla el juego, lo cual facilita su comercialización en todo tipo de espacios.
La disponibilidad de las nuevas tecnologías ha desatado los demonios en el mercado de los juegos de azar de la República Dominicana. Ya no sólo los propietarios de casinos y bancas de apuestas deportivas ofrecen al público estos juegos.
Algunos concesionarios de loterías electrónicas, de manera directa o a través de las denominadas “agencias hípicas”, han irrumpido en la comercialización de juegos electrónicos y virtuales como elefantes en una cristalería, instalando computadoras y monitores en las decenas de miles de puntos de venta que gestionan, con el objetivo de promover esta clase de juegos.
De más está decir que dichos empresarios operan puntos de venta de juegos de lotería que carecen de cualquiera de las condiciones locativas exigidas a los establecimientos que instalen los casinos o las bancas de apuestas deportivas. Se trata de espacios abiertos, de escasa dimensión, a los cuales penetran menores de edad como si fuera a un parque infantil, y donde la seguridad es una quimera.
En su afán de colonizar el mercado de los juegos de azar, tales grupos empresariales no sólo actúan con un desprecio olímpico por la ley, sino que colocan al alcance de niños y adolescentes la modalidad de juegos de azar que es considerada con mayor potencial adictivo y propensión a la ludopatía.
Se trata de una auténtica arrabalización de los juegos de azar electrónicos y virtuales, motivada por la ambición de unos cuantos y alentada por la apatía del Estado. No ha faltado quien llame a este siniestro proceso como la “democratización” de los juegos de azar.
Tan insólito argumento nos mueve a evocar aquella frase atribuida a Madame Roland, notable figura de la Revolución Francesa, quien a punto de ser guillotinada exclamara: “Oh Libertad!! ¡¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre!!”.
Un Estado que huye y una ley para el desorden.
Todo lo que hemos dicho viene a cuento porque, de aprobarse el mencionado proyecto de “Ley General de Juegos de Azar”, parecería que el Estado ha decidido capitular frente a las insaciables apetencias de un puñado de empresarios de limitada visión, pero de anchos bolsillos, que insisten en legitimar la masificación de los juegos de azar electrónicos mediante una reforma legislativa de impredecibles consecuencias.
Al leer esta infeliz pieza legislativa, nos encontramos con que desaparecen los requisitos establecidos por la Ley Núm. 29-06 para instalar establecimientos que ofrezcan al público esta modalidad de juegos de azar, reservándolos solamente para los establecimientos dedicados a la comercialización de apuestas deportivas.
De manera sorprendente, se abandona a la discreción de la proyectada “Dirección General de Juegos de Azar” la determinación – por vía reglamentaria – de las condiciones de operación de todos los establecimientos dedicados a esta actividad económica.
El objetivo es claro: crear las condiciones para que, eventualmente, algún funcionario desavisado o complaciente permita a los concesionarios de loterías electrónicas y a las denominadas “agencias hípicas” inundar cada punto de la geografía nacional de juegos de azar electrónicos, convirtiendo a la República Dominicana en un casino a cielo abierto.
Como soy un optimista empedernido, albergo la esperanza de que nuestros legisladores corrijan tan mayúsculo desatino, e impidan que la codicia de unos pocos nos conduzca a una debacle social parida por la expansión de la ludopatía a unos niveles nunca vistos, incubada por un Estado indiferente capturado por empresarios que, de favorecer a sus intereses, no vacilarían en reemplazar la Santa Biblia del Escudo Nacional, sustituyéndola por una ruleta electrónica.
