POR REGINA GARCÍA CANO
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente utilizadas para el contrabando de drogas en aguas de América Latina han dejado más de 200 muertos desde septiembre, cuando el gobierno del presidente Donald Trump dio inicio a una operación que, asegura, es necesaria para frenar el flujo de narcóticos.
A medida que los ataques continúan, el gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de haber abatido a “narcoterroristas”, contra los que Trump asegura que su país se encuentra en un “conflicto armado”.
Los críticos de la campaña militar han cuestionado su legalidad y eficacia, en parte debido a que el fentanilo responsable de miles de sobredosis letales por lo general llega a Estados Unidos por vía terrestre desde México.
Se sabe que las lanchas rápidas que navegan en el Caribe y el Pacífico transportan cocaína, no fentanilo.
Esto es lo que hay que saber sobre los ataques.
¿Por qué el ejército empezó a atacar lanchas rápidas?
Trump asegura que la estrategia que Estados Unidos ha empleado desde hace décadas, de interceptar embarcaciones en altamar, no funcionaba. Sin embargo, la Guardia Costera de Estados Unidos estableció un récord durante el último año del mandato de Joe Biden en 2024, cuando incautó 225 toneladas de cocaína.
Los ataques comenzaron en septiembre frente a la costa caribeña de Venezuela y se extendieron al Pacífico a partir de octubre, el mes más mortífero desde el inicio de la campaña con 45 personas abatidas. La mayoría de los ataques de este año han sido en el Pacífico.
Trump y otros funcionarios de alto rango también han argumentado que esas embarcaciones son operadas por narcoterroristas y miembros de cárteles.
The Associated Press visitó una región de Venezuela desde la cual han zarpado algunas de estas embarcaciones e identificó a cuatro hombres que fueron abatidos en los ataques.
Residentes de la región y familiares afirmaron en varias entrevistas que la mayoría de estos hombres eran obreros o pescadores que ganaban 500 dólares por viaje.
Cabe destacar que los ataques comenzaron en medio de la mayor concentración de fuerzas militares de Estados Unidos en América Latina en varias generaciones como parte de una campaña de presión que culminó con la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero pasado.
Durante los ocho meses de operaciones han sido atacadas más de 60 embarcaciones.
¿Son efectivos los ataques?
Trump asegura que los ataques han destruido embarcaciones que transportaban fentanilo y que cada lancha hundida ha salvado la vida de 25.000 estadounidenses.
Expertos y exfuncionarios federales dedicados a la lucha antidrogas aseguran que las declaraciones de Trump son exageradas o falsas.
Durante la última década, funcionarios estadounidenses han sonado la alarma por el aumento de sobredosis letales en el país, en particular por opioides y opioides sintéticos.
Las muertes por sobredosis de opioides se dispararon en el periodo 2021-2023 hasta unas 80.000 al año, pero bajaron a cerca de 55.000 en 2024.
Los expertos han atribuido el declive en parte a los esfuerzos realizados durante el último año del gobierno de Biden para aumentar la disponibilidad de medicamentos que previenen las muertes por sobredosis.
Datos federales muestran que se mantuvo la tendencia a la baja el año pasado, hasta un estimado de 44.000 decesos.
En tanto, las muertes por sobredosis de cocaína, que se produce principalmente en Colombia y Perú, son menos frecuentes que las causadas por el fentanilo. Unas 22.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de cocaína en 2024, en comparación con las más de 29.000 el año anterior, según datos federales.
El número de muertes por sobredosis de cocaína cayó a un estimado de 19.000 en 2025.
La droga que llega hacia Estados Unidos desde Sudamérica es la cocaína. El fentanilo, en cambio, suele ingresar a Estados Unidos por vía terrestre desde México, donde se produce con químicos importados de China e India.
¿Los ataques son legales?
La operación ha recibido fuertes críticas, en particular después de que se dio a conocer que el ejército abatió a sobrevivientes del primer ataque con un bombardeo de seguimiento.
Funcionarios del gobierno y muchos legisladores republicanos aseguraron que la medida fue legal y necesaria, mientras que los demócratas y expertos legales calificaron las muertes como asesinatos, o incluso crímenes de guerra.
Amanda Klasing, directora nacional de relaciones gubernamentales para Amnesty International USA, afirmó la semana pasada en un comunicado que “se están normalizando las ejecuciones extrajudiciales” a medida que el número de muertos sigue en aumento.
“Estas muertes no sólo son ilegales, son inmorales”, puntualizó Klasing. Las personas con la conciencia limpia no pueden permitir que esto continúe, y sin embargo el Congreso no ha logrado detener, o siquiera ralentizar, hasta ahora esta campaña letal e ilegal”.
Familiares de dos ciudadanos de Trinidad que fueron abatidos en uno de los ataques de octubre interpusieron una demanda contra el gobierno federal en enero pasado, asegurando que el ataque fue un crimen de guerra y parte de una “campaña militar sin precedentes y manifiestamente ilegal por parte de Estados Unidos”.
La demanda repite muchas de las preocupaciones sobre los ataques, señalando, por ejemplo, que se han llevado a cabo sin la autorización del Congreso y en un momento en que no existe un conflicto militar entre Estados Unidos y los cárteles del narcotráfico, el cual pudiera justificar la campaña militar en conformidad con las leyes de guerra.
“Estos asesinatos premeditados e intencionales carecen de cualquier justificación legal plausible. Por lo tanto, fueron simplemente asesinatos, ordenados por individuos en los niveles más altos del gobierno y ejecutados por oficiales militares en la cadena de mando”, afirma la demanda.
