Santo Domingo. – La Oficina Nacional de Defensa Pública interpuso una acción constitucional de amparo contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, ubicada en la calle Puerto Rico, sector Alma Rosa, tras comprobar durante una inspección realizada el pasado 8 de junio de 2026 graves condiciones de hacinamiento, insalubridad y vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad recluidas.
Durante la visita de inspección, las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames verificaron que 85 personas permanecían detenidas en un espacio destinado exclusivamente para detenciones temporales.
De ese total, 27 estaban pendientes del conocimiento de medidas de coerción o de diligencias procesales ante el Ministerio Público, mientras que 58 ya habían sido sometidas a medidas de coerción por los tribunales competentes, pero continuaban recluidas en el destacamento debido a la falta de traslado hacia los centros penitenciarios correspondientes.
La Defensa Pública advirtió que esta situación evidencia fallas en el sistema de traslados penitenciarios, lo que prolonga de manera indebida la permanencia de personas en instalaciones policiales que no reúnen las condiciones para albergar privados de libertad durante períodos prolongados, afectando además el desarrollo de los procesos judiciales y el derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable.
La institución sostuvo que las condiciones observadas constituyen una vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana, la integridad física y moral, el derecho a la salud, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución de la República y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado dominicano.
Asimismo, recordó que los destacamentos policiales fueron concebidos únicamente para detenciones transitorias, por lo que mantener allí a personas con medidas de coerción representa una práctica incompatible con los principios de un Estado social y democrático de derecho.
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió que esta situación no constituye un hecho aislado, sino una problemática que se ha agravado en distintos destacamentos de Santo Domingo Este.
«No podemos normalizar que personas permanezcan durante días o semanas en destacamentos policiales que fueron concebidos para detenciones transitorias. Esta situación vulnera la dignidad humana, afecta el debido proceso y compromete seriamente el funcionamiento del sistema de justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de detención acordes con la Constitución y asegurar el traslado oportuno de quienes ya cuentan con una medida de coerción hacia los centros penitenciarios correspondientes», expresó Valentín Santos.
La primera audiencia de la acción constitucional de amparo fue conocida por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo. Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), la Fiscalía de Santo Domingo y la Dirección Regional de la Policía Nacional de Santo Domingo Oriental y Santo Domingo Norte presentaron incidentes procesales, por lo que el tribunal aplazó el conocimiento del recurso.
La audiencia fue fijada para el próximo 10 de julio de 2026, fecha en la que las instituciones accionadas deberán depositar sus escritos de defensa antes de que el tribunal conozca el fondo de la acción de amparo.
La ONDP recordó que esta no es la primera vez que recurre a los tribunales para denunciar condiciones de hacinamiento. En 2019 interpuso una acción de amparo por las condiciones de la denominada «carcelita» del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle, la cual fue acogida por los tribunales y posteriormente confirmada por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia TC/0501/20, estableciendo un precedente sobre la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de detención y proteger los derechos fundamentales de las personas bajo su custodia.
La Oficina Nacional de Defensa Pública reafirmó que continuará realizando inspecciones en destacamentos y centros de detención y ejercerá todas las acciones legales necesarias para garantizar el respeto a la dignidad humana, el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, independientemente de su situación procesal.
