POR ERIC TUCKER
WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump presentó una petición inédita ante un tribunal en desuso y creado hace 30 años para considerar solicitudes del gobierno para deportar de Estados Unidos a los llamados “terroristas extranjeros”.
El Tribunal de Deportación de Terroristas Extranjeros se estableció en 1996, pero nunca había recibido una petición hasta el miércoles pasado, cuando el Departamento de Justicia presentó una solicitud para la expulsión de una persona cuyo nombre se omite en el documento de una sola página publicado en el sitio web del tribunal.
Joan Ericksen, jueza principal del tribunal, integrado por cinco miembros, señaló en una respuesta escrita a la petición que se celebró una audiencia el jueves, durante la cual el tribunal tuvo “preguntas sobre el nexo que el gobierno alega entre las acciones del demandado y las secciones y subsecciones específicas que invoca con respecto a esas acciones”.
“Las respuestas convencieron al Tribunal de que el Gobierno podría beneficiarse de la oportunidad de una consideración más reflexiva”, escribió Ericksen, jueza federal en Minnesota.
Ella ordenó al Departamento de Justicia proporcionar más información a más tardar el miércoles.
Las facultades del tribunal surgieron de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, que permite al secretario de Justicia presentar, bajo sello, solicitudes de deportación de presuntos “terroristas extranjeros”.
Si se concede la solicitud, el tribunal debe celebrar una audiencia pública donde el gobierno debe probar que la persona cumple esa definición. Las solicitudes deben ser aprobadas por el secretario de Justicia o su adjunto.
La ley federal establece que una persona podría calificar como “terrorista extranjero” por, entre otros factores, haber “participado en una actividad terrorista”, respaldar o promover actividades terroristas y pertenecer a un grupo político o social que fomente la actividad terrorista.
El tribunal ha permanecido inactivo desde su creación, ya que —hasta la semana pasada— no había recibido solicitudes ni celebrado audiencias, según un resumen publicado en el sitio web del Centro Judicial Federal. Está integrado por cinco jueces seleccionados por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
La administración Trump se ha movido de manera agresiva durante el último año para llevar a cabo deportaciones, incluida la invocación de una ley de tiempos de guerra de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para expulsar a migrantes venezolanos a quienes funcionarios acusan de formar parte de una pandilla terrorista.
Durante una audiencia de ese caso el año pasado, el juez de Washington que lo presidía, James Boasberg, indicó que el Tribunal de Deportación de Terroristas Extranjeros sería el foro natural para considerar una solicitud de deportación por motivos de seguridad nacional.
“De hecho, el Congreso tiene una respuesta para nosotros, ¿no? Porque crearon el Tribunal de Deportación de Terroristas Extranjeros”, manifestó.
“Así que si hay una preocupación de seguridad nacional con la celebración de estas audiencias… siempre se puede acudir al ATRC, lo cual sería una primicia, pero para eso está, ¿verdad?”, señaló Boasberg.
La petición fue reportada por primera vez por Court Watch, un sitio de noticias independiente.
