POR REGINA GARCÍA CANO
CATIA LA MAR, Venezuela (AP) — Las víctimas de los sismos simultáneos que azotaron a Venezuela el mes pasado, así como algunas otras personas que se libraron de la destrucción, acudieron el jueves en grandes números en busca de algunos de los servicios de ayuda que ofrecen organizaciones no gubernamentales en las zonas más afectadas.
La demanda de ayuda se produce mientras Naciones Unidas hizo un llamado para recaudar alrededor de 300 millones de dólares para brindar asistencia a 1,3 millones de personas con necesidades urgentes en el país sudamericano, donde las organizaciones no gubernamentales eran, hasta hace poco, blanco de la represión gubernamental.
Cocinas y clínicas móviles, así como hospitales de campo, se encuentran actualmente dispersos en espacios públicos en el estado de La Guaira, la zona más afectada en el norte del país.
“Queda claro que en los lugares de desplazamiento, en especial después de dos semanas, la gente está viniendo porque no ha podido recibir otros tratamientos”, declaró a The Associated Press Tom Fletcher, director de ayuda humanitaria de la ONU, durante su visita a Venezuela.
“Ya no sólo llegan con fracturas; llegan con esas otras necesidades de salud de más largo plazo. Y es crucial que estemos para ellos”.
Los médicos que brindaban atención en la comunidad de Catia La Mar reportaron el jueves un aumento de afecciones cutáneas y enfermedades diarreicas, además de solicitar medicamentos para tratar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
El repunte de enfermedades puede estar relacionado con el hacinamiento y las malas condiciones de agua y saneamiento, que existían en muchas de las comunidades incluso antes de los terremotos.
Irma Echarri se presentó en una unidad móvil ubicada frente a una iglesia con las cajas de las gotas para los ojos y el analgésico que suele tomar, con la esperanza de que los médicos del lugar pudieran reabastecer sus medicamentos.
También quería que la revisaran por el dolor de nariz que se le desarrolló después de los sismos del 24 de junio.
“Me duele bastante”, señaló Echarri, de 67 años, mientras esperaba su turno. “Me duele porque me duele”.
La vivienda de Echarri no sufrió daños, pero muchos de sus vecinos viven ahora en albergues temporales o a la intemperie después de que los sismos cobraron la vida de 3.889 personas, causaron el colapso de 190 edificios y dejaron otras 856 estructuras dañadas, de acuerdo con las autoridades venezolanas.
El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez calcula que los terremotos dejaron a unas 18.000 personas sin hogar. Los desplazados viven actualmente en escuelas, aceras, parques, plazas y otros espacios públicos.
Fletcher señaló a la AP que hasta el momento Estados Unidos ha proporcionado la mayor parte de la ayuda para la respuesta a la crisis.
Grupos locales que se han asociado con organizaciones humanitarias globales son responsables en buena medida de distribuir la asistencia sobre el terreno.
Una de las desplazadas es Zulbey Reyes, quien acudió a la clínica gestionada por la organización Paluz –con sede en Venezuela– en alianza con la agencia global de ayuda International Rescue Committee. Reyes, a quien los terremotos también le arrebataron su empleo como niñera, buscaba tratamiento por un dolor en el pecho.
“Pensé que era el corazón que lo tenía enfermo”, declaró Reyes, de 41 años, después de recibir su diagnóstico y tratamiento. “Pero no, es un nervio que, producto desde el grito del día, se me inflamó”.
Armando Denegri, representante para Venezuela de la Organización Panamericana de la Salud, dijo el jueves a los periodistas que “el 50% de los profesionales de la salud de La Guaira se vieron afectados directamente” por los terremotos.
“Algunos desaparecieron, algunos fallecieron, otros se vieron muy afectados por la crisis, impactando a sus familias”, resaltó Denegri, sin dar más detalles.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha estimado que los daños directos a viviendas e infraestructura rondan los 37.000 millones de dólares.
La presencia generalizada de organizaciones no gubernamentales en el país, y la libertad con la que el gobierno les permite operar, contrasta con la represión y la persecución a las que han sido sometidas en los últimos años.
Mientras Rodríguez se desempeñaba como vicepresidenta del expresidente Nicolás Maduro, los colectivos fueron señalados en repetidas ocasiones de actividades antigubernamentales, además de que se desmanteló la oficina local de derechos humanos de la ONU.
“Cuando se tiene una crisis de esta magnitud, la gente deja la política a un lado y puede concentrarse en salvar tantas vidas como sea posible, y es lo que estoy viendo hasta ahora en esta respuesta”, afirmó Fletcher.
