También, se impusieron distintas medidas de coerción a otros diez involucrados en el caso que fue declarado de tramitación compleja
SANTO DOMINGO (RD).- Ante las pruebas aportadas por el Ministerio Público, una jueza del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres cabecillas de una red de tráfico internacional de armas de fuego que fue desmantelada el pasado mes de mayo en un amplio operativo ejecutado en diversas localidades del país.
La prisión preventiva le fue impuesta a Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi) y a Wilson Manuel Abreu Disla (Wilson), quienes deberán cumplir la medida en la cárcel pública Juana Núñez, de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal.
En cuanto a los demás procesados, el tribunal impuso a José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri) y a Brian Vignieri Dilone una garantía económica de RD$1,000,000 mediante contrato e impedimento de salida del país.
Al imputado Pablo Sánchez Arnau (Alemán) se le impuso también una garantía económica de RD$400,000 y a Henry Miguel Ángel Paulino Marmolejos de RD$250,000, igualmente, mediante contrato, además a ambos le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.
A Joel Rafael González Martínez le fue impuesta una garantía económica de RD$200,000, mediante contrato, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.
En tanto que a José Vidal Pérez Mercado (Jochi), Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo) y a Jonathan Orlando Carela Montilla le fue impuesta a cada uno una garantía económica de RD$100,000, mediante contrato, impedimento de salida y cumplir presentación periódica.
También, les fueron impuestas medidas de coerción a Carlos José María Henríquez Valdez consistente en presentación periódica e impedimento de salida, mientras que a Edward Francisco Tejada Fernández también le fue impuesta presentación periódica.
La solicitud presentada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional, establece que los imputados integraban una estructura dedicada a la introducción, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego y sus accesorios, las cuales eran ingresadas clandestinamente al territorio dominicano para su posterior venta de manera ilícita.
Las medidas de coerción fueron impuestas por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien, al acoger la solicitud del Ministerio Público, además declaró el caso complejo.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva contra todos los imputados y la declaratoria de complejidad del proceso, sustentando su pedimento en más de 50 elementos de prueba documentales, periciales, materiales y testimoniales obtenidos durante la investigación.
El expediente establece que la investigación inició a raíz del arresto en flagrante delito del también procesado por el caso Brayan Jesús Gil Pérez (con prisión preventiva), el 3 de diciembre de 2025, en el sector Miraflores, del Distrito Nacional.
Según la investigación, al momento de su arresto le fueron ocupadas cinco armas de fuego tipo pistola, ocho cargadores adicionales y dos teléfonos celulares.
El Ministerio Público realizó en este caso múltiples diligencias investigativas, incluyendo análisis técnicos, extracción forense de información de dispositivos electrónicos, labores de inteligencia, vigilancia, entrevistas y seguimientos.
Como resultado de esas diligencias, obtuvo las autorizaciones judiciales correspondientes y arrestó a los imputados durante allanamientos en sus residencias.
Durante los operativos, realizados el pasado 29 de mayo, fueron practicados 14 allanamientos simultáneos con órdenes judiciales, realizados en las provincias Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte y el Distrito Nacional, con la participación de 13 fiscales y agentes de distintas unidades especializadas de la Policía Nacional.
Las pesquisas permitieron establecer vínculos entre Brayan Jesús Gil Pérez y la estructura criminal investigada. Durante el proceso investigativo este manifestó que las armas ocupadas le fueron entregadas por instrucciones de José Vidal Pérez Mercado (Jochi), quien, según se ha establecido, coordinó el traslado del armamento para ser entregado a Jonathan Orlando Carela Montilla.
A partir de las informaciones obtenidas y de las interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, los investigadores lograron individualizar la participación y el nivel de vinculación de los imputados dentro de la presunta red criminal.
Durante las intervenciones fueron ocupadas armas de fuego cortas y largas, municiones de distintos calibres, cargadores, accesorios tácticos y otros objetos vinculados al tráfico ilícito de armas.
Entre las evidencias incautadas figuran: pistolas, revólveres, una escopeta calibre 12, piezas y partes de fusiles, cientos de municiones, cargadores de alta capacidad, miras telescópicas y chalecos antibalas.
Asimismo, fueron ocupados dispositivos electrónicos, registros con anotaciones de transacciones de armas, dinero en efectivo y vehículos que habrían sido utilizados por la organización.
Asimismo, durante el allanamiento realizado en la residencia de Jonathan Orlando Carela Montilla fueron ocupadas sustancias controladas.
Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron que se trataba de 71.44 gramos de cocaína clorhidratada y 52.11 gramos de cannabis sativa (marihuana).
De igual manera, durante el allanamiento realizado en la residencia de José Luis Vignieri Rodríguez fueron ocupadas armas de fuego, municiones, sustancias presumiblemente narcóticas, equipos electrónicos y otras evidencias.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano; los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados; los artículos 5, letra A; 28, 75, párrafo II, y 85, letras B y D, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como el artículo 3, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La medida privativa de libertad que fue impuesta a Morel Díaz y a Abreu Disla será revisada el próximo 8 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.
