Santo Domingo: – El acuerdo suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir extranjeros repatriados desde territorio estadounidense ha provocado reacciones encontradas entre politólogos, exfuncionarios y representantes del Gobierno, quienes difieren sobre el impacto que podría tener en la soberanía nacional.
En ese sentido, los senadores Ricardo de los Santos, de la provincia Sánchez Ramírez y presidente del Senado, así como Cholitín Duluc, por la Altagracia ambos oficialistas dijeron desconocer el alcance de ese acuerdo, que a juicio de José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia no viola la soberanía nacional.
Diversos sectores expresaron preocupación tras considerar que el convenio podría representar una injerencia extranjera en asuntos internos del país.
El debate surge luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informara que la cooperación entre ambas naciones se desarrolla bajo principios de respeto mutuo, transparencia y responsabilidad compartida.
El funcionario explicó que la iniciativa forma parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de los acuerdos de cooperación que ambos países han venido desarrollando, especialmente en materia de seguridad.
Comunicado del Gobierno de República Dominicana sobre la cooperación con EEUU
El Gobierno de República Dominicana informó que, en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos de América y de la iniciativa Escudo de las Américas, ambos gobiernos suscribieron en el día de hoy, un memorando de entendimiento de carácter no vinculante, orientado al ingreso temporal y excepcional a territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países, sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito. No incluye a nacionales haitianos.
Hemos convocado esta rueda de prensa porque consideramos importante explicar con claridad el alcance y la naturaleza del memorando de entendimiento suscrito ayer entre República Dominicana y Estados Unidos, en el marco de la iniciativa “Escudo de las Américas”, relativo a nacionales de otros países en tránsito, conocido internacionalmente como Third Country National Agreement o TCNA. Este memorando no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados, ni a personas con antecedentes penales.
Han surgido interpretaciones y preocupaciones que, en muchos casos, parten de una confusión entre este tipo de memorando y otras modalidades migratorias completamente distintas, como los acuerdos de “tercer país seguro” o el esquema negociado con México, el Protocolo para la Protección de Migrantes (MPP), popularmente conocido como Remain in México.
Por ello, deseamos comenzar precisando algo esencial: el memorando firmado por República Dominicana no implica que personas extranjeras permanecerán indefinidamente en territorio dominicano mientras tribunales migratorios estadounidenses conocen solicitudes de asilo o refugio.
Era precisamente al mecanismo, “tercer país seguro”, al que se refería el presidente Luis Abinader cuando, el año pasado, afirmó con claridad que República Dominicana no aceptaría acuerdos que implicaran recibir personas de otros países para permanecer aquí durante períodos prolongados o indeterminados, a la espera de decisiones judiciales migratorias de Estados Unidos. Y esa posición del presidente se mantiene invariable.
Esos acuerdos de “tercer país seguro” son distintos, funcionan sobre la base de transferir al país receptor la responsabilidad de procesar solicitudes de asilo. El esquema Remain in México, por su parte, suponía que los solicitantes permanecieran fuera de territorio estadounidense durante meses o incluso años mientras jueces migratorios de Estados Unidos decidían sus casos.
El memorando firmado ayer es de naturaleza completamente distinta. No es jurídicamente vinculante y puede ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las partes.
El TCNA se refiere exclusivamente a personas en tránsito que no han ingresado al sistema migratorio estadounidense y que, por tanto, no han solicitado asilo en Estados Unidos. Tampoco ingresarán al sistema migratorio dominicano ni se aceptarán solicitudes de refugio en República Dominicana. Se trata de personas que permanecerán temporalmente en tránsito bajo estrictos protocolos y que serán retornadas a sus respectivos países de origen en cuestión de días, por las autoridades dominicanas, con el acompañamiento y la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
No estamos hablando, por tanto, de asentamientos permanentes, ni de absorción migratoria, ni de procesos judiciales prolongados en nuestro territorio. Estamos hablando de una operación de tránsito controlado, temporal y coordinado, realizada bajo parámetros claros de soberanía nacional y cooperación internacional, con el financiamiento total de Estados Unidos.
Quiero ser enfático: nadie entrará a nuestro territorio sin la autorización del gobierno dominicano.
Conviene señalar que otros países del mundo han suscrito también TCNAs con Estados Unidos. En nuestra región, países como Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Honduras, lo han hecho.
Quiero también referirme a otra interrogante legítima que algunos sectores han planteado: ¿qué obtiene República Dominicana de esta cooperación con Estados Unidos?
La respuesta debe analizarse con sentido estratégico y con memoria histórica.
Durante años, República Dominicana solicitó a la comunidad internacional —y particularmente a Estados Unidos— una implicación más decidida frente al colapso de la seguridad en Haití. El presidente Luis Abinader advirtió tempranamente que la expansión de las pandillas haitianas constituía una amenaza regional y una cuestión de seguridad nacional para República Dominicana.
Estados Unidos respondió a ese llamado con liderazgo político, diplomático y financiero decisivo para lograr la aprobación, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la resolución 2793, que creó la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) para Haití, incluyendo el financiamiento internacional necesario para respaldar su despliegue durante dos años.
Ese respaldo no fue menor. Fue el resultado de una estrecha cooperación estratégica entre ambos países frente a una crisis que afecta directamente nuestra estabilidad nacional.
Pero no es el único ejemplo.
República Dominicana fue incorporada al programa Global Entry, privilegio del que disfrutan apenas un reducido grupo de países en el mundo —solo 16— y que facilita significativamente el tránsito de ciudadanos dominicanos hacia Estados Unidos mediante mecanismos avanzados de preautorización migratoria y seguridad.
Asimismo, desde hace décadas, República Dominicana figura entre los países que, proporcionalmente a su población, más residencias permanentes obtiene para sus nacionales en Estados Unidos. Millones de dominicanos han construido allí sus vidas, sus familias y sus proyectos, fortaleciendo un vínculo humano, económico y cultural extraordinario entre ambas naciones.
Estos son solo algunos ejemplos concretos de lo que significa mantener una relación madura, estratégica y de cooperación con nuestro principal socio y aliado.
La política exterior de República Dominicana no se guía por improvisaciones ni consignas emocionales. Se guía por la defensa responsable del interés nacional, por la preservación de nuestra soberanía y por la convicción de que la cooperación internacional, cuando se maneja con claridad y dignidad, también produce beneficios concretos para nuestro pueblo.
