POR GABRIELA SÁ PESSOA
SAO PAULO (AP) — Organizaciones indígenas y ambientalistas en Brasil expresaron su preocupación el lunes por los resultados electorales del fin de semana, advirtiendo que los avances de la extrema derecha en el Congreso podrían amenazar a los pueblos indígenas, que desempeñan un papel clave en la protección de la Amazonía y otros ecosistemas brasileños.
Brasil, la cuarta democracia más grande del mundo y hogar de aproximadamente el 60% de la selva amazónica, llevó a cabo elecciones el domingo para elegir presidente, Congreso y gobernadores.
La contienda presidencial sigue sin definirse: el senador Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro— se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una segunda vuelta el 25 de octubre.
El Partido Liberal de Bolsonaro ganó cerca de un tercio de los escaños del Senado y casi una cuarta parte de los de la Cámara de Diputados, lo que lo convierte en el partido con mayor número de miembros en ambas cámaras.
“Las elecciones ya han producido un cambio significativo en el Congreso”, señaló en un comunicado Amazon Watch, una organización sin fines de lucro enfocada en la protección ambiental y los derechos indígenas.
“El nuevo equilibrio de poder fortalece a grupos que respaldan la minería en tierras indígenas y cambios a las protecciones territoriales y ambientales, independientemente de quién gane la segunda vuelta”.
Las preocupaciones por la deforestación van más allá del partido de Bolsonaro
Varios legisladores electos en estados amazónicos han respaldado la minería, incluso en tierras indígenas, o un debilitamiento de las protecciones ambientales.
Fernando Máximo, senador electo del Partido Liberal por Rondonia, ha desestimado como “falsedades” los hallazgos científicos sobre contaminación por mercurio derivada de la minería ilegal de oro.
Esas posturas se extienden más allá del partido de Bolsonaro. El senador Plínio Valério, del Partido de la Social Democracia Brasileña, de centroderecha —quien fue reelegido en Amazonas—, ha pedido legalizar la minería y ha criticado los operativos de fiscalización.
“Brasil sale de estas elecciones con un Congreso aún más agresivo hacia los derechos indígenas”, denunció la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la principal organización indígena del país.
La minería en territorios indígenas requiere aprobación del Congreso
En general, la protección de los territorios indígenas es considerada una forma eficaz de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global.
Un análisis de la red de monitoreo MapBiomas efectuado en 2022 concluyó que los territorios indígenas en Brasil perdieron apenas el 1% de su vegetación nativa en tres décadas, frente al 20% en tierras privadas a nivel nacional.
Según la legislación brasileña, cualquier investigación mineral o actividad minera en territorios indígenas requiere la aprobación de los legisladores, además de una consulta a las comunidades locales.
El próximo Congreso, que asumirá el 1 de febrero de 2027, inevitablemente se pronunciará sobre la minería en tierras indígenas, ya que en febrero el juez Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal, les ordenó a los legisladores aprobar una ley que regule el tema.
“Se prevé que el debate sobre la minería en tierras indígenas avance, independientemente del resultado electoral. Y los resultados de las elecciones plantean mayores riesgos de que las normas presten poca atención a los derechos indígenas”, manifestó Márcio Santilli, miembro fundador de la organización sin fines de lucro Instituto Socioambiental de Brasil y expresidente del organismo brasileño de asuntos indígenas.
Marcos Sabaru, estratega político indígena de la APIB, indicó que la promesa de Bolsonaro de permitir que los indígenas exploten minería en sus tierras enfrentaría importantes obstáculos legales, ya que, técnicamente, las tierras indígenas y sus recursos minerales pertenecen al gobierno federal.
“Si abren las tierras indígenas y dejan de pertenecer al gobierno federal, entonces ¿a quién pertenecen? ¿A los ganaderos y a las empresas mineras? ¿A los pueblos indígenas?”, planteó Sabaru. “Estaríamos sentando un precedente sin saber adónde conduciría”.
Los precios récord del oro, impulsados en gran medida por la demanda de los inversionistas de activos seguros en medio del incremento de los riesgos globales, han alimentado un renovado auge minero en la Amazonía, disparando la deforestación y la contaminación por mercurio en comunidades ribereñas e indígenas.
Un análisis reciente del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía —una organización sin fines de lucro en Brasil— encontró que la minería de oro se expandió casi siete veces en estas tierras entre 2016 y 2024.
El Partido Liberal de Bolsonaro no respondió a una solicitud de comentarios que le hizo The Associated Press.
El gobierno de Lula ha reducido el repunte de la deforestación, pero no ha cumplido algunas metas
Durante su campaña, Flávio Bolsonaro indicó que abriría las tierras indígenas a actividades económicas, sin aclarar si establecería normas de deforestación para esos territorios.
“Si quieren cultivar o arrendar su territorio, serán libres de hacerlo. Si quieren autorizar la minería en sus tierras, también podrán hacerlo”, declaró Bolsonaro al podcast Market Makers. “Todo esto se hará de manera responsable y con salvaguardas ambientales, respetando sus deseos”.
Desde 2023, el gobierno de Lula ha revertido el incremento de la deforestación en la Amazonía ocurrido durante el mandato de Jair Bolsonaro, intensificó las labores contra la minería ilegal de oro, creó un Ministerio de los Pueblos Indígenas y reconstruyó el organismo de asuntos de dichos pueblos.
Pero no ha cumplido algunas promesas, incluida la demarcación de tierras indígenas, observó Sabaru. Aun así, la APIB respalda a Lula para su reelección.
“Se nos dificulta defender al gobierno de Lula. Realmente así es”, expresó Sabaru. “Pero lo hacemos porque la otra parte no es una opción”.
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