Yeni Berenice Reynoso y Luz Adriana Camargo Garzón acuerdan crear un Equipo Conjunto de Investigación para optimizar las herramientas de cooperación jurídica internacional
SANTO DOMINGO,R.D.– Como parte de su estrategia para optimizar las herramientas de cooperación jurídica internacional y fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional, la Procuraduría General de la República (PGR) firmó con la Fiscalía General de la Nación de Colombia un acuerdo para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI).
El mecanismo estará ajustado a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y al ordenamiento jurídico penal de ambos países.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, rubricaron el acuerdo durante un acto que contó con la participación de integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.
Reynoso, agradeció el impulso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a los convenios internacionales que propician un mundo más seguro, “donde la protección a las personas, como es el objetivo de este equipo conjunto de investigación, sea una realidad”.
“Para la República Dominicana, y sé que también para Colombia, esta firma de equipo conjunto de investigación tiene algo especial: es una firma que tiene su plan operativo incluido”, indicó Reynoso, al resaltar el alto compromiso de ambos países para mantener una cooperación oportuna y efectiva.
La procuradora general destacó que República Dominicana, que ya estableció un primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile, continuará haciendo un uso eficiente de esta herramienta contemplada en la Convención de Palermo y puesta a disposición de las fiscalías del mundo para combatir delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes.
Reynoso, sostuvo que la trata de personas constituye un delito que lacera profundamente la dignidad humana.
“Es un delito que tiene como objetivo comercializar seres humanos”, afirmó.
Asimismo, señaló que, tal como se ha establecido en la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), que preside el Ministerio de Relaciones Exteriores, la trata de personas constituye un delito de alta prioridad para la actual gestión del Ministerio Público.
“Cuando un ser humano es objeto de una comercialización y es sometido a tratos que son más propios de la esclavitud, es un delito, reitero, que requiere una mirada holística y que requiere siempre una atención especial”, reflexionó.
En ese sentido, sostuvo que “tenemos la obligación ética y legal de trabajar para alcanzar objetivos estratégicos de alto impacto para la vida de millones de personas, en este caso, colombianos y dominicanos, y otras nacionalidades que vienen a vivir a nuestros países”.
De su lado, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, resaltó que este constituye el Equipo Conjunto de Investigación número 18 creado por Colombia con distintas naciones signatarias de la Convención de Palermo.
“Quiero empezar por celebrar la posibilidad de que lleguemos a acuerdos concretos para el intercambio de información en un tema tan importante como el que nos convoca hoy, que trabaja directamente contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que es un flagelo que tiene agobiada no solo a nuestra región”, manifestó.
Camargo Garzón, recordó que el flagelo de la trata de personas que afecta a los países de la región también tiene repercusiones en distintas naciones de Europa.
“Hemos encontrado que, definitivamente, en delitos transnacionales la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este, que nos permitan hacer un intercambio ordenado, informado; un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también que nos permita desarrollar programas conjuntos de investigación”, indicó.
La fiscal general colombiana ,,sostuvo que no basta con disponer de un instrumento para intercambiar información, sino que también es necesario compartir experiencias metodológicas sobre el desarrollo de las investigaciones y fortalecer las capacidades de ambos países.
“No basta solo con que busquemos un instrumento que sea el vehículo para que intercambiemos información, sino que es necesario que también, al lado o alrededor del tema que nos convoca, podamos compartir experiencias metodológicas de cómo desarrollamos nuestras investigaciones y podamos fortalecernos mutuamente a través de las experiencias buenas que tiene República Dominicana en este caso y las que tiene Colombia”, resaltó.
Camargo Garzón, explicó que Colombia mantiene una dedicación especial a la persecución de las finanzas criminales, no solo entendidas como las rentas obtenidas ilícitamente, sino también como los recursos que permiten a las organizaciones criminales movilizar personas de un país a otro.
“Porque eso supone una movilización de dinero que podemos y debemos alcanzar si vemos las enseñanzas de Falcone, muy sencillas: sigue el dinero, sigue la ruta del dinero”, añadió.
El acto de firma del convenio contó con la presencia del embajador Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral de la República Dominicana; el embajador de Colombia en Santo Domingo y José David Moreno, encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Santo Domingo.
La procuradora general, estuvo acompañada por el procurador adjunto WilsonCamacho,, director general de Persecución del Ministerio Público; el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos; la procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), responsable de ejecutar la cooperación, y la procuradora de corte Danissa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos y de la Unidad de Reinserción de Repatriados.
Mientras que, la fiscal general Camargo Garzón, estuvo acompañada por María Milena Méndez Moreno, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Colombia, y Dayana Blanco, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Por la UNODC participaron Juan Daniel Ruiz, coordinador de Proyectos de la Oficina Regional, y Lissette Reyes, coordinadora de Proyectos de la Oficina para Centroamérica y el Caribe.
Reyes, resaltó la disposición de la actual gestión de la Procuraduría General de la República para que el país pueda crear equipos conjuntos de investigación bajo los términos establecidos por la Convención de Palermo.
Recordó que, desde junio del año pasado, República Dominicana y Colombia reforzaron sus esfuerzos de colaboración en la lucha contra delitos como la trata de personas.
También agradeció el apoyo de los países donantes para operativizar la Convención de Palermo mediante iniciativas como el Proyecto Turquesa, del Gobierno de Canadá, y el Proyecto Paz de Colombia, financiado por la Unión Europea.
El artículo 161 de la Ley núm. 97-25, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, del 7 de diciembre de 2025, establece sobre las investigaciones conjuntas:
“El Ministerio Público puede coordinar la investigación con las autoridades encargadas del Estado interesado, pudiendo formarse a tales efectos equipos de investigación, dirigidos por el Ministerio Público y sometidos al control de los jueces”.
El Equipo Conjunto de Investigación, establecido mediante el convenio entre el Ministerio Público de la República Dominicana y la Fiscalía General de Colombia, con la cooperación y el apoyo logístico de la UNODC, permitirá crear una mayor sinergia y fortalecer la cooperación entre fiscales dominicanos y colombianos para combatir con mayor efectividad la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas, los delitos económicos y la corrupción.
A través del ECI, ambos países podrán establecer un marco de cooperación y coordinación oportuna para enfrentar casos concretos de criminalidad transnacional.
El equipo se enmarca en la Convención de las Naciones Unidas,contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), de la que Colombia y República Dominicana fueron signatarias durante la conferencia celebrada por la ONU en el Palacio de Justicia de Palermo, Italia, entre el 12 y el 15 de diciembre de 2000.
Colombia, ratificó la Convención de Palermo el 4 de agosto de 2004, mientras que República Dominicana lo hizo el 26 de octubre de 2006.
Amparados en este instrumento de cooperación internacional de las Naciones Unidas y siguiendo los protocolos establecidos en sus respectivos ordenamientos procesales penales, ambos países habilitan, mediante el ECI, el intercambio directo de evidencia física y elementos materiales probatorios, la ejecución conjunta de medidas procesales y la coordinación directa de las investigaciones.
