POR JIM MUSTIAN
La agencia antidrogas estadounidense pidió el jueves a la inspectoría interna Departamento de Justicia investigar las denuncias de un informante según las cuales agentes de la DEA permitieron que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México.
La solicitud se produjo días después de que una investigación de The Associated Press determinara que los agentes vigilaron repetidamente —pero no incautaron— grandes cargamentos del opioide sintético, en un intento por construir casos penales de mayor envergadura entre 2023 y 2025.
En una carta enviada el jueves al inspector general del Departamento de Justicia, el administrador de la DEA, Terry Cole, escribió que era necesaria una investigación interna porque “las acusaciones han generado una atención pública significativa y han planteado preguntas sobre las decisiones operativas de la DEA, la supervisión de los mandos y la respuesta a las preocupaciones”.
Cole señaló en un comunicado público que su solicitud “no debe interpretarse como un reflejo de falta de confianza en el profesionalismo o la integridad del personal de la DEA ni en las decisiones de investigación tomadas en este asunto”.
“Si se identifican mejoras, la DEA las implementará”, añadió. “Las instituciones sólidas se sostienen —no se debilitan— con una supervisión objetiva y con la disposición a evaluar, mejorar y corregir de manera continua”.
Agentes actuales y antiguos de la DEA dijeron a la AP que la estrategia de dejar que los analgésicos falsificados “circulen” pone en riesgo la seguridad pública en un estado devastado por la epidemia de fentanilo y que podría haber violado normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades de una droga que la Casa Blanca designó el año pasado como un “arma de destrucción masiva”.
La investigación de la AP citó a tres agentes actuales y antiguos y a registros gubernamentales, incluido un informe interno sobre una entrega de 74.000 pastillas en 2023 que la DEA observó mientras ocurría en un parque de casas móviles en Albuquerque.
Uno de esos agentes, David Howell, planteó por primera vez serias preocupaciones sobre esta estrategia en una denuncia interna en 2023. Siguió expresando sus objeciones internamente y habló extensamente con la AP sobre lo que describió como una estrategia que “envenenó a nuestra comunidad para armar casos”.
En una declaración anterior a la AP, un portavoz de la DEA afirmó: “Las descripciones públicas que sugieren que la DEA permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan de manera fundamental los hechos”.
La solicitud de la DEA sobre la investigación llega apenas un día después de que la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, pidiera al fiscal general del estado que examinara si las acciones de la agencia violaron la ley de Nuevo México, un desafío extraordinario a una agencia federal en un momento en que el fentanilo sigue siendo una de las amenazas de salud pública más mortales del país.
“No hay palabras para describir lo temerarias y peligrosas que fueron estas decisiones”, manifestó Lujan Grisham en un comunicado. “Que no haya dudas: la DEA sabía que la gente moriría si estas pastillas llegaban a las comunidades de Nuevo México, y aun así la agencia dejó que ocurriera”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
