POR GARANCE BURKE and SONIA PÉREZ D.
Ederson Galicia Alva, de 11 años, acababa de bajar del avión y entrar en los pasillos con luz tenue del aeropuerto de Miami cuando agentes federales apartaron a su madre para interrogarla. Otra vez.
El pánico lo invadió. La emoción por volver pronto al recreo con sus compañeros de clase en Florida se desvaneció. ¿El gobierno se la llevaría otra vez?
No era su primer trauma. En 2018, cuando apenas tenía 3 años, Ederson fue arrancado de los brazos de su madre en la frontera entre Estados Unidos y México dentro de la política de separación familiar del primer gobierno de Trump y permaneció separado de ella durante meses en una instalación gubernamental.
Por fin se reunieron después de que intervinieran abogados. Luego, en junio del año pasado, él y su madre fueron separados por segunda vez, pese a las protecciones legales destinadas a mantenerlos juntos a ellos y a familias como la suya.
Más tarde se reunió con su madre en Guatemala. Tras 11 meses de miseria y tormento en las tierras altas indígenas, la familia de Ederson pudo regresar a Florida la semana pasada, después de que un juez federal ordenara que el gobierno había actuado de forma ilegal.
Ahora, ocho años después de que las separaciones forzadas en la frontera ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se detuvieran oficialmente en medio de la indignación mundial, una investigación de The Associated Press encontró que el gobierno ha vuelto a separar a decenas de niños de sus familias, pese a un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos juntos.
Algunos de sus padres han estado meses encerrados en centros de detención migratoria; otros fueron deportados a sus países de origen tras ser apartados de sus familias una vez más.
En algunos casos, funcionarios de inmigración que realizaban arrestos dentro del país deportaron a personas pese a descubrir que legalmente no podían ser expulsadas, según correos electrónicos obtenidos por AP.
“El gobierno no sólo se ha negado a reconocer el horror de las separaciones iniciales durante Trump I, sino que ahora está deteniendo y deportando a estas mismas familias”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y principal representante legal en la demanda que puso fin a la política en un principio. “Estos niños ya han sufrido bastante como para volver a traumatizarlos”.
Trump se postuló con éxito para la reelección con una campaña antiinmigración. En su segundo mandato, el gobierno ha prometido deportar a más de 1 millón de personas por año.
Agentes federales han estado sacando a la gente de sus comunidades con tal rapidez que, según la Brookings Institution, ahora los padres de decenas de miles de niños han sido detenidos.
Esta vez, las separaciones familiares a menudo se ven distintas a las del primer mandato de Trump. En 2018, Ederson y otros niños en la frontera fueron apartados de sus padres, quienes fueron detenidos por separado y, en su gran mayoría, acusados penalmente de ingreso ilegal.
Luego, el gobierno no pudo reunirlos durante meses porque la información de adultos y niños se guardaba en sistemas informáticos distintos. Un juez prohibió al gobierno separar a la mayoría de las familias en la frontera y le ordenó reunirlas después de que la ACLU presentara una demanda colectiva.
Más tarde, un acuerdo judicial prohibió la mayoría de las separaciones familiares para disuadir la inmigración hasta diciembre de 2031.
Hoy, si los padres son arrestados o deportados dentro de la campaña de deportaciones masivas del presidente, se les obliga a elegir si dejan a sus hijos atrás en Estados Unidos.
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“El DHS cumple con todas las órdenes judiciales, incluso mientras ONG radicales buscan el foro más favorable y jueces activistas intentan frustrar nuestras operaciones”, declaró la secretaria adjunta interina Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en respuesta a solicitudes de comentarios de AP sobre la política del gobierno sobre familias separadas.
Abogados del gobierno han sostenido en comparecencias judiciales recientes que no existen restricciones legales sobre “la autoridad estatutaria del gobierno para ejecutar órdenes de expulsión”.
Bis añadió que hacer cumplir la ley migratoria “no era opcional” y que “cada expulsión de un extranjero ilegal ayuda a restablecer el orden y reforzar el estado de derecho”.
A la familia de Ederson se le permitió regresar recientemente, pero su estatus sigue siendo incierto.
Separados en la frontera y luego otra vez en Florida
Después de que lo apartaran de su madre, Mirsy Maricela Alva López, y lo confinaran en un albergue gubernamental en Arizona cuando era un niño pequeño durante cuatro meses y medio, Ederson apenas la reconoció cuando se reunieron, contó ella.
Pesadillas vívidas lo acosaron durante toda la primaria, donde aprendió a leer en inglés en aulas rodeadas de verdes pastos y palmeras a menos de 16 kilómetros (10 millas) de Mar-a-Lago, la Casa Blanca de invierno de Trump.
Una vez que un juez federal aprobó un acuerdo en la demanda colectiva bajo el gobierno de Biden, la familia de Ederson y otras como la suya obtuvieron estatus legal para permanecer en Estados Unidos, con vías hacia la residencia y el asilo, y su madre consiguió un permiso de trabajo.
Y después de meses de servicios de salud mental para abordar su miedo persistente de que su madre nunca regresara, a inicios de junio del año pasado —unos cinco meses después del inicio del segundo gobierno de Trump y de la nueva iniciativa antiinmigración del presidente— su terapeuta por fin dijo que había avanzado tanto que podía pausar sus sesiones semanales.
Dos semanas después, agentes federales detuvieron a Alva López cuando ella y sus compañeros de trabajo se dirigían a un empleo de jardinería cerca de Mar-a-Lago.
Los agentes, con uniformes marrones, nunca dieron una razón para la detención ni se identificaron antes de trasladar a Alva López a dos cárceles de Florida, luego a custodia del ICE en Luisiana y, finalmente, a un avión lleno de deportados encadenados rumbo a Ciudad de Guatemala, explicó la mujer.
“Sentí lo mismo que yo pasé la primera vez”, dijo Alva López entre lágrimas. “Todo lo estaba viviendo otra vez”.
Alva López estuvo separada de Ederson y de su hija mayor, Briseidy, durante una semana, y no se le dio la oportunidad de hablar con un funcionario de inmigración sobre su estatus o sus protecciones legales, indicó Kelly Kribs, abogada del Young Center for Immigrant Children’s Rights, que ha apoyado el regreso de la familia de Alva López a Estados Unidos.
Cuando por fin logró llamar a Ederson y Briseidy, no podían dejar de sollozar. Alva López contó que le pidió a su hermana que comprara pasajes de avión para enviarlos a Ciudad de Guatemala.
Se encontró con ellos al día siguiente en el aeropuerto y viajó con ellos nueve horas más por carreteras y caminos llenos de baches para llegar a San Martín Cuchumatán, una aldea en las tierras altas donde nacieron los niños.
Los tres compartieron un dormitorio diminuto con piso polvoriento con los padres y el hermano de Alva López en una casa de adobe con techo de lámina, nada que ver con las tranquilas calles arboladas del sur de Florida.
La escuela, donde todas las clases son en español, quedaba a una caminata de más de un kilómetro (una milla), y ninguno de los niños del pueblo hablaba inglés, dijo Ederson.
En lugar de fichar para recortar los jardines de las propiedades de West Palm Beach, cada día Alva López alimentaba a las gallinas y patos en un pequeño corral detrás de la casa, lavaba la ropa de la familia a mano y cocinaba en un fuego abierto.
Y Ederson volvió a despertarse por las noches temiendo por su futuro. En la escuela primaria Northmore, le iba bien en quinto grado.
En Guatemala repitió cuarto grado, esta vez en español, y le tomaban exámenes sobre la historia y la cultura de un país que apenas conocía. Sus amistades no eran tan cercanas como en West Palm Beach.
A veces, cuando se sentía triste, veía los viejos videos en línea de la escuela para ver a sus antiguos amigos.
“Jugábamos y platicábamos. Algunas veces ellos me ayudan cuando no entiendo lo que dice la seño en la clase, yo a veces les ayudo en matemáticas”, explicó.
“Aquí tengo pocos amigos, tengo como dos”, dijo llorando
Ederson todavía no quiere hablar de las separaciones, y no deja de preguntarle a su madre por qué fue a trabajar ese día. Pero tiene clara una cosa: nunca quiere volver a estar separado de su madre.
“Daño duradero y desgarrador”
A finales de 2017, funcionarios de inmigración comenzaron a separar por la fuerza a padres e hijos en la frontera entre Estados Unidos y México, bajo una política impulsada por Stephen Miller, entonces asesor principal de políticas de Trump y ahora subjefe de despacho de la Casa Blanca.
Después de que los abogados defensores se enteraran, la ACLU presentó una demanda en febrero de 2018 para detener la práctica, llamada Ms. L v. U.S. Customs and Immigration Enforcement, en nombre de una madre congoleña a la que el gobierno de Trump separó de su hija de 7 años durante cuatro meses. Más tarde se convirtió en una demanda colectiva.
No fue sino hasta que miles de familias fueron desgarradas que un juez ordenó al gobierno poner fin a las separaciones, al afirmar que causaban un “daño duradero y desgarrador”.
Según el recuento más reciente de la ACLU, el número de padres e hijos separados, y de familiares afectados cubiertos por el acuerdo, es mucho mayor de lo que se había informado previamente —más de 11.800— y, debido a que el gobierno deportó a tantas personas antes de que se prohibiera la práctica, quizá nunca se conozca el alcance total.
La ACLU también proporcionó a AP nueva información sobre miembros del grupo Ms. L que han sido detenidos y deportados durante el segundo gobierno de Trump, como que decenas de niños fueron separados de nuevo.
Documentos legales del caso Ms. L y otros abogados de inmigración que trabajan con familias separadas también detallaron las nuevas separaciones de niños.
Bajo un acuerdo de conciliación de 2023 firmado por el gobierno de Biden, los miembros del grupo Ms. L —incluidos padres separados, niños y otros familiares cercanos— recibieron protecciones legales especiales, vías hacia el asilo y acceso a abogados, permisos de trabajo y servicios de apoyo.
Y durante más de ocho años, defensores y abogados han intentado ayudar a las familias a reunirse y recuperarse, viajando a la selva de Guatemala y a aldeas remotas de Honduras para informar a los miembros del grupo sobre sus derechos, y ofreciéndoles solicitar desde permisos temporales humanitarios hasta permisos de autorización de trabajo y asesoramiento psicológico, beneficios destinados “a prevenir cualquier daño continuo causado por la separación inicial”, según el acuerdo.
Eso cambió cuando Trump inició su segundo mandato. El apoyo a las familias separadas nunca quedó plasmado en una ley del Congreso, y pronto empezó a reducirse.
Primero, el financiamiento para servicios legales terminó temporalmente. En su lugar, el gobierno de Trump dijo que cobraría a las familias 1.000 dólares a cada una para entrar o permanecer en el país.
Luego, según abogados, a algunos padres se les indicó presentarse a controles más frecuentes con el ICE y se les ordenó usar grilletes electrónicos para registrar sus movimientos. Muchos miembros del grupo perdieron acceso a terapia.
Para finales del año pasado, correos electrónicos muestran que el gobierno había deportado a algunos familiares protegidos incluso después de que la ACLU le informara que no podían ser expulsados por ser miembros protegidos del grupo Ms. L.
Siete días antes de Navidad, la abogada de la ACLU Natalie Behr escribió un correo electrónico urgente a contactos del Departamento de Justicia, diciendo que su equipo había sabido que un familiar protegido volvía a estar detenido por el ICE.
“Pedimos que nos digan por qué no se nos notificó la detención de este miembro del grupo en un plazo de 24 horas”, escribió Behr. “Este miembro del grupo no debe ser expulsado”.
Un abogado del Departamento de Justicia en Washington respondió por correo electrónico que preguntaría al ICE. Los abogados de la ACLU insistieron.
Para el día después de Navidad, ya era demasiado tarde. Había sido deportado.
El problema sigue apareciendo. Aunque el gobierno está obligado por órdenes judiciales a informar de inmediato a la ACLU cuando miembros del grupo Ms. L son detenidos y a devolver a las familias separadas de nuevo que hayan sido deportadas, el gobierno de Trump no reveló hasta abril que había deportado a otra persona protegida a Guatemala en septiembre, según muestran documentos judiciales.
Algo similar casi le ocurre a uno de los vecinos de Alva López, quien fue detenido en West Palm Beach unos meses después de que ella fuera deportada.
El padre también había hecho trabajos de jardinería cerca de Mar-a-Lago y había sido separado de su hija en la frontera entre Estados Unidos y México en 2017.
Durante el primer gobierno de Trump, fue devuelto rápidamente a Guatemala. Mientras abogados de la ACLU y del gobierno discutían qué se les debía a las familias separadas, él regresó a Florida en 2021 para reunirse con sus hijos, uno de los cuales había sido liberado tras pasar meses en un centro de detención gubernamental.
En octubre, el gobierno lo encarceló, primero en el recinto conocido como el “Alcatraz de los caimanes”, un centro de detención migratoria en los Everglades de Florida, y luego dentro de Camp East Montana en Texas, dijo Kribs.
En Camp East Montana le dieron comida con moho y gusanos, los guardias lo insultaban y se enteró de que un compañero detenido murió tras ser maltratado por funcionarios del ICE, según relató bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno.
El ICE dijo que el detenido murió tras sufrir “una emergencia médica en el lugar”, y la oficina del forense de El Paso determinó después que el fallecido había sufrido “asfixia debido a compresión del cuello y el torso”.
Pasaron Navidad y la víspera de Año Nuevo, y para enero le resultaba difícil mantener la esperanza cuando llamaban sus hijos.
La ACLU presentó una moción sobre padres del grupo Ms. L detenidos, y el padre fue liberado de la detención gubernamental en abril.
Aunque está agradecido de estar de vuelta en Florida con sus hijos, dijo a AP que siente que todavía lo rastrean mediante el grillete electrónico y los controles con el ICE que debe cumplir cada dos semanas. Sus hijos aún temen que él no esté cuando vuelven de la escuela, afirmó.
Bis dijo que el DHS puede imponer condiciones a la libertad condicional, incluido el monitoreo electrónico, requisitos de reporte regular e incluso la detención.
“Un lugar donde todos podamos estar a salvo”
Sinri Baltazar, una madre hondureña que fue separada por primera vez de su hija —entonces de 5 años— en 2018, también pudo regresar a Luisiana con sus tres hijos en abril por orden de un juez. Su hijo pequeño es ciudadano de Estados Unidos.
No ha sido fácil. Baltazar, integrante de la comunidad garífuna afroindígena que enfrenta discriminación en Honduras, fue deportada con sus hijos el año pasado después de que, según dijo, funcionarios de inmigración le indicaran que firmara un documento que, afirmaron, le permitiría mantener unida a su familia, pero sólo si todos se iban.
Ya de vuelta en Nueva Orleans, dijo que estaba agradecida de que sus hijos pudieran buscar una vida mejor, pero han tenido dificultades para salir adelante mientras viven con una conocida de la iglesia.
“Lo único que dicen mis hijos es que quieren estar en casa, en su propia casa”, expresó Baltazar. “Sólo trato de llevarnos a un lugar donde todos podamos estar a salvo, y deseo eso para todas las demás familias”.
A medida que las deportaciones han aumentado en el último año y medio, abogados dicen que las familias separadas han tenido cada vez más miedo de cumplimentar formularios del gobierno y muchas no saben que pueden solicitar asilo, un beneficio clave del acuerdo que vence en diciembre.
El gobierno tampoco ha dicho si extenderá un contrato vigente, recortado, de servicios legales para familias que termina en agosto.
También se acerca otro plazo: miles de familias separadas deben solicitar que se cancelen órdenes de expulsión pendientes antes de diciembre, o perderán la posibilidad de permanecer legalmente en Estados Unidos.
“Nunca hubo suficiente financiamiento para estar a la altura de la necesidad”, señaló Anilú Chadwick, abogada y directora sénior de la organización legal sin fines de lucro Together & Free, que, según dijo, ha apoyado a 15 familias que han sido separadas de nuevo, incluida la de Baltazar.
“Ahora tenemos que ver si el gobierno adjudica un nuevo contrato, y debo decir, como alguien que ha trabajado contrarreloj para encontrar y ubicar servicios, que no hay tiempo suficiente, ni siquiera en las mejores circunstancias”.
Sin embargo, para las familias separadas que esperan que sus seres queridos sean liberados de la detención, o que llegue el papeleo para regresar a Estados Unidos, el tiempo ha avanzado a paso glacial.
Desde que Alva López fue deportada a Guatemala hace casi un año, revisaba su teléfono cada mañana esperando noticias de cuándo podrían regresar ella y sus hijos.
El dinero empezó a escasear. Los niños comenzaron a olvidar su jerga en inglés. Briseidy, ahora de 14 años, temía distanciarse de sus amigos estadounidenses. Por fin, hace dos semanas, llegó la noticia: el gobierno les llevaría a ella y a sus hijos de regreso a Florida en un vuelo de American Airlines, por orden de un juez.
Los cachorros que le había comprado a Ederson para animarlo habían muerto, y había pocos amigos y familiares para despedirse. Así que reunió a los hermanos y sus pocas pertenencias; la ropa les quedaba holgada tras haber bajado de peso desde que regresaron a Todos Santos Cuchumatán.
Y por fin, en la última semana de mayo, con pasaportes y documentos de viaje en mano, la familia voló a Miami. Ederson dijo que se sintió como un milagro. Pero poco después de aterrizar, funcionarios de inmigración apartaron a Alva López para interrogarla, tomándole otra vez la foto y las huellas dactilares y revisando de nuevo cada documento que llevaba.
Su estancia en Estados Unidos podría ser breve. Un funcionario de inmigración le concedió apenas dos semanas de permiso de permanencia temporal.
El gobierno declinó comentar específicamente sobre el caso de Alva López.
“Aún no les he dicho a los niños” lo de las dos semanas de libertad condicional, comentó Alva López el primer día que despertó de regreso en el antiguo vecindario familiar en West Palm Beach. “Se van a preocupar de que vuelva a pasar lo mismo”, añadió.
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Burke informó desde San Francisco. Pérez informó desde San Martín Cuchumatán, Guatemala. La fotógrafa de AP Rebecca Blackwell en Miami contribuyó a este reportaje.
